JAVIER CURCIO

“NUESTRO SISTEMA IMPOSITIVO ES MUY REGRESIVO y ESO REFUERZA LAS TRANSFERENCIAS HOOD ROBIN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA”

“Tenemos que evitar que un arancelamiento plano venga a empeorar las cosas y no a mejorarlas”, plantea. “La universidad no es gratuita porque todos pagamos de alguna manera”, aclara. “Para pensar en cambios normativos que permitan nuevas formas de financiamiento, es un impedimento que la política se relacione con insultos y motosierras”, sostiene.

El respetado economista Javier Curcio estuvo en La Repregunta. Curcio es especialista en monitoreo y evaluación de políticas públicas y en inversión social. Es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en Unicef y asesoró a organismos como el BID y el Banco Mundial. Aquí, algunos pasajes destacados de la entrevista.

–Después de la gran crisis de la semana pasada en torno a la universidad pública, ¿las partidas que sumó el Gobierno permiten llegar a la conclusión de que el ajuste se contuvo?

–El ajuste continúa. Está vigente un presupuesto prorrogado del año pasado. En épocas de alta inflación como ésta, esos valores que sirvieron el año pasado hoy representan muy poco. Si contamos desde comienzos de 2023 en adelante, la inflación acumulada es casi del 300 por ciento. Como se fueron acumulando incrementos al presupuesto universitario durante el año pasado, la situación no es crítica a ese nivel. Pero el desfasaje entre lo que tenemos y lo necesario para funcionar este año, si no hay más incrementos, representaría una caída del presupuesto de alrededor de 70 por ciento.

–¿El 70 por ciento de ajuste persiste aún luego de las transferencias que hizo el Gobierno?

–En promedio, el ajuste es del 70 por ciento. Respecto de los gastos salariales, la universidad es muy intensiva en el uso de mano de obra: los salarios representan entre el 80 y hasta el 90 por ciento en algunas instituciones. Y el otro 10 por ciento son gastos de funcionamiento. Además, hay gastos de infraestructura, inversiones. Las partidas fueron para gastos de funcionamiento que representan alrededor del 5 por ciento del presupuesto. Y al día de hoy, la caída en promedio de todo el presupuesto es del 33 por ciento respecto del primer trimestre de 2023 porque en el ámbito salarial los incrementos también fueron marginales. En síntesis, en los gastos de funcionamiento el ajuste era del 59 por ciento, pero quedó reducido al 50 por ciento.

–Cuando el Gobierno dice que ya se pusieron al día, ¿al día respecto de qué?

–Lo que está diciendo es que está atendiendo a la emergencia de estos meses. Pero habrá más inflación hacia adelante. Si se confía en que se puede sostener la caída de la inflación, va a estar en alrededor del 150 por ciento para este año.

–¿El presupuesto educativo de este gobierno equivale a lo ejecutado realmente en 2023, llegado diciembre?

–Exacto.

–El secretario de Educación, Carlos Torrendell, dice que a lo largo del año se podrá ir viendo cómo se comportan las partidas para las universidades, por un lado, y el presupuesto general, por el otro, para poder determinar si el presupuesto universitario subió o no respecto de 2023 y del presupuesto total. ¿Ve razonable ese planteo?

–Hay que mirar los dos planos: ese plano ex post de evaluación, cuando ya ocurrió la realidad, es importante y lo hacemos para diseñar el mediano plazo. Pero mientras, enfrentamos una coyuntura que hay que administrar en una situación crítica que generan el propio Presidente y el Ejecutivo. La caída del salario en la universidad en este primer trimestre es por encima del promedio del sector público.

–Usted mostró que en 2023, en el último año de la presidencia de Alberto Fernández, el gasto en educación superior no cayó sino que subió: un aumento del 5,4 por ciento. Sin embargo, Torrendell sostiene que Fernández y Massa habían prorrogado el presupuesto 2022 y que los universitarios no le hicieron ningún planteo. Cuando arrancó 2023, ¿las universidades pudieron haber planteado que no les alcanzaba el presupuesto?

–No estoy en ese tipo de negociaciones pero supongo que las hubo y que, probablemente, se fue adecuando el presupuesto porque el año pasado la aceleración inflacionaria fue mayor de la prevista. Pero el presupuesto 2023 sí fue aprobado aunque con supuestos de inflación muy alejados de lo que se dio después.

–¿El año pasado no se produjo una protesta universitaria porque el desajuste entre los precios reales y los salarios reales y el presupuesto no era tan grave? ¿O porque hay un sesgo ideológico en la comunidad universitaria que la hace más paciente con el kirchnerismo?

–El año pasado, la evolución del presupuesto se fue acompañando con actualizaciones. Hubo algún desfasaje menor pero nunca de estas magnitudes. Se acompañó el gasto a tal punto que se llega a ese incremento del 5,5 por ciento real aun en medio de un proceso de ajuste importante del gasto de la administración pública. La educación fue rescatada y mantuvo e incrementó su posición relativa. Al contrario, este año, la situación fue escalando sin respuesta del Ejecutivo. El sistema universitario es muy plural. Hay situaciones muy variadas y siempre hubo tensión en el Consejo de Rectores, pero siempre hubo espacios para acuerdos. El que cambia las reglas de juego es el Poder Ejecutivo actual. Su tono para con la universidad es bastante degradante.

–Una de las suspicacias que se teje en torno al aumento de presupuesto educativo del kirchnerismo plantea que algunas de esas partidas adicionales se derivan a universidades que funcionan como intermediarias de negocios. El ejemplo más claro es el caso de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y Julio De Vido, ahora procesado. ¿Se disfraza de aumento del presupuesto educativo lo que en realidad son partidas que se derivan a negocios espurios?

–Esos negocios nunca adquieren las magnitudes que incluye el presupuesto. No quiero menospreciar ese tipo de cuestiones: si hay malversación y hay delitos, es muy importante que el control opere sobre la universidad. La universidad está sujeta a todos los controles en el marco de su autonomía y autarquía,

El economista, especialista en monitoreo de políticas públicas, considera necesario debatir el estado de la educación superior en la Argentina, pero señala que una política relacionada “con insultos y motosierras” es un impedimento para iniciar cualquier tipo de avance

con formas de dar rendición.

–Si hay tantos controles, ¿cómo sucede un caso tan grave como el de De Vido y Unsam?

–Ese tipo de casos no son exclusivos de la universidad. En Infraestructura, Transporte, en otras dependencias también hubo acusaciones. No creo que la universidad sea un canal específico o especial para este tipo de mecanismos.

–¿La autonomía y la autarquía universitaria, en una Argentina donde hay corrupción y la Justicia también tiene problemas, pueden ser funcionales a esa opacidad del poder?

–La autonomía hace que en el ámbito de la pluralidad se puedan tomar las decisiones que mejor le convengan al desarrollo académico y a las funciones de la universidad. Es cierto que eso se tiene que articular con controles.

–En la causa De Vido y Unsam, es llamativo que la denuncia es de un particular, Ricardo Monner Sans, a partir de una investigación periodística en el programa de Jorge Lanata. Es decir, todos los sistemas de auditoría internas y externas de la universidad no pudieron prevenir estas situaciones.

–Es muy importante que se prevean, que se controlen y que se penalicen si efectivamente sucedieron. Pero no veo que haya una situación especial de la universidad respecto de otros organismos.

–Otra cuestión muy discutida es qué porcentaje del gasto público total se aplica al gasto educativo. El día de la marcha, Cristina Kirchner posteó en X que en su último año de gobierno, 2015, había llevado el gasto educativo al 6,1 por ciento respecto del PBI. Ahora, la ley determinaba que tenía que alcanzarse todos los años. ¿Tiene sentido fijar esa meta? Si es menor, ¿es grave?

–Es importante priorizar las inversiones educativas. Hay que invertir más e invertir mejor. También hay que asegurar qué se hace con esos recursos. Ese indicador de 6 por ciento incluye a todos los niveles de educación, también a la universidad. La universidad representa el 0,7 o 0,8. Hubo ese pico en 2015 pero también implicó un pico de tamaño del Estado que fue muy poco posible de sostener. Las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen un rango de entre 4 y 6 por ciento del PBI para educación. En la región está en torno del 4,4 o 4,5 por ciento. La Argentina está en el nivel de 5 por ciento, incumpliendo frecuentemente una ley: el incumplimiento representa 1 punto del PBI anual, mucha plata. Hay trabajos que muestran que esa acumulación va en deterioro de la calidad de educación.

–Hay un cálculo de esa deuda del Estado argentino con la educación: 26 mil millones de dólares.

–Exacto, unos 5 puntos del PBI acumulados desde la sanción de la Ley de Educación Nacional de 2006. En esta lógica de priorizar la educación y del reconocimiento de la educación en sus funciones, tenemos la iniciativa de mejorar el financiamiento. Pero hay que hacerlo de manera sostenible y además, identificando dónde se vuelcan esos recursos.

–Desde el lado de los libertarios se escucha este argumento: dado los problemas de pobreza que tiene la niñez y la adolescencia y los problemas que hay en el nivel secundario, la universidad no debería recibir tantos fondos del Estado. Empieza a sobrevolar la idea del arancelamiento. Los datos muestran que la presencia de los niveles socioeconómicos más bajos en el nivel terciario, universidad más educación superior no universitaria, llega al 26 por ciento. Si se lo compara con Chile, el porcentaje es del 40 por ciento, aún en un sistema “neoliberal” según la demonización de parte del arco ideológico, organizado en torno a universidades privadas, con una fuerte selección de alumnos, pero con un sistema de becas muy direccionados a los sectores populares. Es decir que la causalidad gratuidad e inclusión social no se está comprobando en la Argentina. ¿Qué se hace con eso?

–Estoy de acuerdo en que hay que dar el debate. Tenemos la expectativa de que la universidad sirva a la movilidad social ascendente. En algún momento cumplió ese rol con mucha más fuerza. Ahora, está logrando que un 26 por ciento de esos chicos de estratos sociales más desfavorecidos tengan acceso a la universidad.

–Pero usted planteaba que el gasto educativo respecto del PBI en la Argentina es mayor que en Chile, pero en Chile el 40 por ciento de los más pobres está en la universidad.

–El gasto educativo en la Argentina es mayor que en Chile en términos del PBI pero al revés de lo que se supone en general, el gasto en educación superior en Chile es mayor que en la Argentina por el lado de la oferta.

–¿Cuál sería su posición en relación al arancelamiento?

–Es interesante plantear un debate que reconozca las diferencias entre las distintas universidades, las distintas disciplinas y las posibilidades de acceso que tiene la población. Hay disciplinas que tienen una rentabilidad social más alta que otras y otras que tienen una rentabilidad privada esperada mayor.

–Por ejemplo, un economista se supone que va a ganar más que un docente.

–O que un geólogo o un científico. Frente a eso, se pueden incentivar mayores recursos en universidades cuyos alumnos tienen menos recursos. En otras, entre las cuales está la UBA, en algunas disciplinas reciben chicos de escuelas secundarias con un cierto poder adquisitivo que podrían aportar en el cofinanciamiento. Necesitamos darle más progresividad al sistema. Al mismo tiempo, hay que evitar que los chicos que no tienen los recursos dejen de acceder a la universidad por no tener fondos. No creo que el sistema chileno sea un sistema a seguir. Hay que encontrar combinaciones distintas de los distintos elementos. Una cosa es una disciplina que tiene más relación con el mercado, que puede encontrar otro tipo de becas y aportes de donantes y otra cosa, una disciplina donde el incentivo privado es más bajo, que requerirá un Estado más presente.

–En la Ley de Educación Superior, sancionada en el ‘95 y reformada en algunos artículos por otra ley de noviembre 2015, está establecido que el financiamiento no puede provenir de fuentes que no sean del Estado.

–Hoy eso está prohibido por ley. Eso implica un debate que cambie el marco normativo, pero las leyes también están hechas para cambiarlas. No creo que eso sea un impedimento. Sí es un impedimento que la política se relacione con insultos y motosierras. Pero si encontramos un camino de diálogo, estos cambios son viables. Es un debate que tenemos que dar.

–La última pregunta: ¿la universidad es gratuita?

–La universidad no es gratuita porque todos pagamos de alguna manera. Pero sí permite que todo aquel que tenga posibilidades para ir, vaya sin necesidad de pagar una matrícula periódica.

–En la universidad, ¿se está produciendo una transferencia muy inequitativa de recursos de esos sectores pobres que no van a la universidad pero pagan el IVA, por ejemplo, a los sectores más ricos?

–Esa transferencia Hood Robin se refuerza también porque nuestro sistema tributario es muy regresivo. Necesitamos un sistema tributario más progresivo.

–Hood Robin por todos lados, en medio de la pobreza que crece cada vez más.

–Por eso tenemos que evitar que el arancelamiento venga a empeorar las cosas. La situación actual de la universidad no lo resuelve todo, tiene problemas distributivos importantes, pero le da a un 26 por ciento de los sectores más desfavorecidos la posibilidad de ir a la universidad. No perdamos esa potencia que hoy todavía tiene.

–Claro, no pasar a un arancelamiento al estilo motosierra.

–No pasar a un arancelamiento plano. Hay que buscar cuáles son los mecanismos.ß

Tenemos que evitar que un arancelamiento plano venga a empeorar las cosas y no a mejorarlas”

El ajuste continúa; la caída del salario en la universidad en este primer trimestre está por encima del promedio del sector público”