El papel picado de la corrupción
La obscena destrucción de documentos oficiales antes de abandonar el poder por parte de funcionarios del anterior gobierno debe ser juzgada y condenada
El avance de la digitalización de documentos no ha logrado aún suprimir el papel, valioso testimonio e irrefutable prueba en numerosas causas. Con los cuadernos de las coimas, por ejemplo, se abrió en 2018 uno de los expedientes judiciales sobre corrupción más grandes de la historia argentina. El escándalo Watergate sacudió a los Estados Unidos en la década del 70 a partir del robo de numerosos documentos de una oficina de Washington DC. Más recientemente, el expresidente y aspirante a volver a competir por ese cargo Donald Trump fue imputado por llevarse indebidamente de la Casa Blanca documentos clasificados.
Ante el cambio de color de una administración se ha vuelto común que empleados y funcionarios relevados roben de las oficinas públicas todo tipo de enseres, como si fueran propios. Los de mayor rango se preocuparán por retirar además todo aquello que pueda poner en evidencia los desaguisados de sus gestiones. Tal el caso del exdirector general de Administración de la Secretaría de Trabajo, Martín Alejandro Bugueiro, quien en abril último pasó expedientes y documentos de su área por una destructora y borró los discos rígidos de las computadoras estatales –afortunadamente recuperados en un 90 por ciento– al enterarse de que sería despedido del cargo junto con otra docena de empleados técnicos. Si bien su nombre no es muy conocido, desempeñaba un puesto de relevancia. Fue encontrado in fraganti haciendo desaparecer evidencias mientras tomaba whisky, fumaba y comía galletas con Nicolás Sojit, exdirector general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la cartera laboral.
Las voluminosas bolsas transparentes conteniendo los documentos destruidos fueron retiradas y se labraron las correspondientes actas ante escribano. Ambos funcionarios kirchneristas se habían negado a dejar las oficinas tras ser despedidos.
En el último tiempo ha sido el Ministerio de Capital Humano el que más activamente viene denunciando escándalos de corrupción de la anterior gestión en dependencias a su cargo.
Las auditorías están a la orden del día y la dirección a cargo de Bugueiro, apodado “el Gitano”, no habría sido la excepción. Estaba precisamente bajo la lupa, con un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que también detectó irregularidades en la categoría “alto impacto” por sus derivaciones.
La revisión ordenada incluye todo tipo de compras, desde flotas de vehículos para uso oficial hasta ascensores, alfombras, electrodomésticos, equipos de energía, acondicionadores de aire, tanques de agua, alarmas y elementos de prevención de incendios, entre otros bienes. El año pasado la entonces ministra Raquel “Kelly” Olmos había impulsado una escandalosa licitación en un contexto de crisis económica para renovar las cortinas del Ministerio con un presupuesto de unos 60 millones de pesos que superó ampliamente las ofertas de los proveedores; el pliego había sido firmado por Bugueiro. También con la firma del Gitano se aprobaban contratos de servicio como fumigación o remises y locaciones de inmuebles para la sede de la dependencia. Multimillonarios presupuestos estaban bajo su órbita.
En el caso de Sojit, se detectó que había tramitado un crédito por 341 millones de dólares otorgado al Estado nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para “mejora de la inclusión en educación secundaria y superior” del que nunca habría rendido cuenta.
Esos flagrantes delitos cometidos durante el último gobierno kirchnerista en Trabajo representan otro paradigmático y triste ejemplo de la malversación de caudales públicos que empobreció a nuestro país en tanto se enriquecían muchos funcionarios. Las máquinas destructoras de documentos podrán intentar terminar con las pruebas de millonarios delitos que una sociedad asqueada lleva impresos en su memoria. Una vez más, será la Justicia la encargada de desandar los caminos de una corrupción enquistada en el Estado para condenar dura y ejemplificadoramente a sus responsables.
Estos flagrantes delitos representan otro triste ejemplo de la malversación de caudales públicos que empobreció al país