Human Rights Watch manifestó su “preocupación” por la candidatura de Lijo para la Corte
La ONG internacional reclamó “integridad” de los postulantes del Gobierno y pidió diversidad de género
Desde Washington, la organización de derechos humanos Human Rights Watch señaló que Javier Milei debería reconsiderar las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Apuntó que el Presidente debería tener en cuenta las calificaciones de los candidatos, su experiencia e integridad, así como la diversidad de género en el máximo tribunal.
El organismo, influyente en la política norteamericana, recordó que “numerosas organizaciones de derechos humanos, ciudadanos, asociaciones empresariales y académicos han expresado formalmente su preocupación por las nominaciones, en particular por el historial de Lijo como juez federal”. Y recordó que “si se confirman las nominaciones, no habría ninguna mujer en el tribunal” de cinco miembros.
“La Argentina necesita fortalecer la independencia judicial, el Estado de Derecho y los esfuerzos para combatir la corrupción”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, y sostuvo que “para ello el Gobierno debe considerar seriamente las preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la máxima integridad y cualificaciones”.
La Corte Suprema ha funcionado con cuatro miembros desde 2021, cuando renunció la ministra Elena Highton de Nolasco. Los jueces actuales de la Corte se enfrentan a un juicio político en el Congreso, que fue iniciado en 2023 por el expresidente Alberto Fernández.
Según la Constitución, los jueces de la Corte Suprema necesitan ser nombrados de nuevo para continuar en sus puestos una vez que cumplen 75 años. Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años en diciembre y ha dicho que se jubilará.
El gobierno de Milei ha dejado claro que el Presidente no tiene intención de volver a nombrarlo.
Lijo tiene actualmente investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura y ya se archivaron 29 procedimientos disciplinarios, incluidos 16 sin más trámite, según un estudio de la organización de derechos humanos Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones sobre corrupción. Un informe de 2016 del Colegio de Abogados de la Ciudad identificó retrasos aparentemente “anómalos”, en ocasiones de más de una década, en al menos 28 investigaciones sobre corrupción tramitadas por el juzgado de Lijo.
Lijo y su hermano Alfredo, quien se describe como un “operador judicial”, también fueron investigados por “lavado de dinero” y “cohecho”, entre otros delitos. En 2021, un juez federal cerró la investigación. Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de abogados y grupos empresariales han expresado su preocupación por la nominación del juez Lijo a la Corte Suprema, dijo Human Rights Watch.
Y advirtió que esas organizaciones “temen que senadores de todo el espectro político voten a favor de Lijo a cambio de que este utilice su posición en la Corte Suprema y su influencia en el sistema judicial federal para cerrar investigaciones de corrupción contra exfuncionarios del Gobierno”.
La designación de dos hombres para las vacantes en la Corte Suprema también es contraria a un decreto presidencial de 2003 que llama a las autoridades a tener en cuenta la “diversidad de género” en la selección.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que Argentina ha ratificado, los gobiernos deben “tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública”. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Corte Suprema de Argentina es la única de Latinoamérica, el Caribe y la Península Ibérica sin ninguna mujer.