Una burla
JUBILACIÓN. El 30 de abril de 2008 inicié en Bahía Blanca mi trámite jubilatorio ante el ANSES. En marzo de 2011, opté por la Ley 14255 y la documentación pasó al IPS. Mis certificaciones laborales fueron reunidas por una calificada profesional y nunca merecieron observación alguna.
Si bien fui inscripto como Profesor el 13 de noviembre de 1971 en la ciudad de Buenos Aires, desde hacía años venía trabajando en escuelas primarias y secundarias. Toda mi carrera docente fue al frente del aula, casi siempre con el doble del máximo de horas permitido, cosa que naturalmente el sistema no ignoraba; nunca tuve superposición de horas dado que trabajaba en turnos mañana, tarde y noche, e incluso los sábados a la mañana, y prácticamente no tuve ausencias.
El 30 de abril de 2014 se me comunica mi cese por jubilación solo en el Colegio Don Bosco de Bahía Blanca, pero debí seguir trabajando en otros dos colegios, públicos, por decisión de sus directivos, ya que no habían recibido notificación de mi cese jubilatorio porque el IPS había omitido enviar mi expediente a la Dirección General de Cultura y Educación, hasta que, de manera casual, se enteraron de mi cese a partir del 1 de abril de 2015. Durante ese tiempo, en estos dos colegios el salario de las horas que trabajaba se me liquidaba por planilla como a cualquier docente activo, y sus autoridades me ratificaban que debía seguir trabajando hasta que les llegara la notificación de mi cese. Hace unos días, 25 de noviembre, vi en la página del IPS que hubo novedades en mi expediente: aparece allí la ratificación de que soy deudor del sistema por haber cobrado las horas trabajadas en esos colegios públicos luego de mi cese en el Don Bosco. Tengo derecho a no hacerme cargo de las consecuencias de la ignorancia o estupidez ajenas. Si la burocracia platense falló al haber archivado mi expediente sin que antes pasara por la DGCE, que lo admita. A mí se me exige reintegrar lo que trabajé, mientras nuestros parlamentarios entran en pánico ante la posibilidad de tener que exigir por ley la devolución de los bienes robados al pueblo por parte de políticos corruptos y sus cómplices.
Con casi 75 años, con trámites jubilatorios iniciados en el lejano 2008, y más de cincuenta años dedicados a la docencia, tengo derecho a que se me respete y a no aparecer como un sinvergüenza por culpa de fallas del sistema.