Otra vez, la política se pone adelante de la economía
Las legislativas son una verdadera obsesión para el macrismo, que sigue sin encarar las reformas necesarias para sacar a la economía del pozo.
Las elecciones de medio término se han transformado en una obsesión para el oficialismo.
Todas las acciones que se toman desde los distintos niveles de gobierno están pensadas en el rédito político que dejarán los comicios legislativos aun cuando las mejoras económicas no aparezcan.
No sólo no aparecen sino que además complican al resto de la economía en su conjunto, como es el caso del reciente aumento de los combustibles.
Con un clara intencionalidad política como es apaciguar los ánimos en la Patagonia petrolera y no asumir el costo político de un eventual concurso de acreedores, el Gobierno dispuso un incremento del precio de los combustibles que formó parte de un rescate más amplio a la compañía YPF.
El presidente Mauricio Macri, ante el peligro inminente de un default de YPF y rápido de reflejos, ordenó salir al rescate de la petrolera insignia, para evitar lo peor.
Nadie en la Casa Rosada quiso imaginar el costo político que tendría para Cambiemos, un eventual concur- so de acreedores que diera por tierra con la tontería de la "soberanía energética".
El estado económico financiero que presenta la petrolera es calamitoso. La abultada deuda financiera que tomó el régimen kirchnerista en cabeza de YPF, debido al default de la Argentina, por tener cerrados los mercados financieros, puso a la compañía en una situación de total anemia.
La deuda financiera orilla los U$S 9.500 millones y supera su patrimonio neto.
El resultado del último balance lo dice todo: casi U$S 2.000 millones de pérdidas y un pasivo de U$S 20.000 millones.
Los costos de la compañía convertían en una quimera la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. De allí que se haya encarado una reforma laboral, a medida de la compañía.
Al mismo tiempo, la caída del precio internacional del petróleo y la necesidad de ir hacia una convergencia de precios con el crudo local, hacía más inviable económicamente los yacimientos convencionales, a los cuales hay que inyectar inversiones.
Había llegado el momento de capitalizar la compañía y los accionistas no aportaron dinero fresco. El Estado argentino, tras el disparate de la confiscación a Repsol, es el accionista mayoritario y fue a su rescate.
El Gobierno dispuso una baja de los costos laborales y mejoró sensiblemente su flujo de caja, con el primero de los cuatro aumentos anuales en el precio de los carburantes, y con el mantenimiento de un precio diferencial del crudo local, dos medidas de vital importancia para un empresa con integración industrial.
Pero todo esto no es gratuito. Si bien el Gobierno no capitalizó directamente a YPF, sensiblemente le mejoró su perfil y su ecuación económico financiera, de manera indirecta, siendo los contribuyentes y los consumidores los reales accionistas que capitalizaron a la petrolera.
La suba de los combustibles va a potenciar un aumento en los costos de producción de bienes y servicios que se verán reflejados en una mayor inflación.
Paralelamente, el Gobierno verá incrementados sus ingresos fiscales a través de los impuestos a los carburantes.
La suba del resto los servicios como gas, agua, luz, prepagas, celulares abonarán el terreno fértil de una inflación que está lejos de ser doblegada, pero al mismo tiempo frenarán el esperado despegue del consumo.
La política vuelve a mostrar una conducta esquizofrénica. Fomenta el consumo y luego lo destroza con subas de impuestos y tarifas. Hablan de bajar costos y lanzan un programa de endeudamiento por U$S 20.000 millones, para financiar gasto improductivo.
Todo bajo la excusa de la política, y con ese argumento colocan a la economía en un campo minado. Mientras no se eliminen las causas de la inflación, no habrán brotes verdes, ni segundo semestre, ni rebote.
“Todas las acciones que se toman desde los distintos niveles de gobierno están pensadas en el rédito político que dejarán los comicios legislativos.