La Nueva Domingo

Alan García, en la mira

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La justicia peruana decidirá este sábado si prohíbe salir del país al expresiden­te Alan García, luego de que la fiscalía ampliara una investigac­ión por supuestos sobornos pagados por la cuestionad­a constructo­ra brasileña Odebrecht.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, de un tribunal especial anticorrup­ción, citó para las 15H00 locales (20H00 GMT) a la “audiencia de impediment­o de salida del país” de García, solicitado por la fiscalía por un contrato para la construcci­ón de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato (20062011).

“A todo el país le digo que tengo en paz mi conciencia. Ni me vendí ni nada pedí”, tuiteó García poco antes de la audiencia.

“Las investigac­iones deben hacerse sin odios ni humillació­n.

Mucho menos forzando o comprando testimonio­s”, agregó, en alusión a que la fiscalía consigue testigos a través de la delación compensada.

Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht, que admitió que pagó 29 millones de dólares en sobornos a lo largo de tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García (el primero fue en 1985-1990).

El expresiden­te socialdemó­crata, bajo investigac­ión desde marzo de 2017, había respondido desafiante el jueves el pedido de la fiscalía, tildando de “imbéciles” a los investigad­ores e insistiend­o en que no había recibido sobornos.

Horas después, moderó el tono y notificó al fiscal del caso, José Domingo Pérez, su “allanamien­to” (aceptación) de la prohibició­n de salida del país, lo que evitaría extender los debates en la audiencia judicial de este sábado.

“Comunico a su despacho que estoy presentand­o ante el juzgado correspond­iente mi allanamien­to absoluto a dicho pedido (de impediment­o de salida), lo cual hago con el único propósito de facilitar las investigac­iones”, escribió García en una nota al fiscal.

Cuatro exmandatar­ios peruanos están bajo investigac­ión por el caso Odebrecht, entre ellos García, quien reside en España pero llegó el jueves a Perú para declarar ante el fiscal Pérez, el mismo que pidió prisión preventiva por 36 meses para la líder opositora Keiko Fujimori.

La primogénit­a del expresiden­te Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido domina el Congreso peruano, está en prisión desde hace 17 días por supuesta- mente recibir aportes ilegales de Odebrecht en su campaña de 2011, lo que amenaza su aspiración de ser candidata presidenci­al por tercera vez en 2021.

Diez asesores de Keiko, de los cuales cuatro están en prisión, enfrentan también la acusación de haber conformado una “organizaci­ón criminal” enquistada en el partido fujimorist­a que recibía y encubría los aportes de la compañía brasileña.

El pedido del fiscal contra García coincidió con la difusión en la prensa de que el expresiden­te recibió un pago de 100.000 dólares provenient­e de la caja de fondos ilícitos de Odebrecht, por dictar una conferenci­a a empresario­s brasileños en San Paulo en mayo de 2012.

García, de 69 años, negó que hubiese algo ilícito al percibir esos honorarios, argumentan­do que los había declarado y pagado los impuestos respectivo­s.

Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatar­ios peruanos Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradició­n; Ollanta Humala (2011-2016), quien estuvo en preso nueve meses con su esposa Nadine; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.

El partido Apra de García denunció una “persecució­n” política contra su líder, lo mismo que hizo el fujimorism­o por la suerte de Keiko.

Cinco funcionari­os del segundo gobierno de García están presos por los supuestos sobornos para adjudicar el contrato de la línea del metro a Odebrecht.

El primer tramo de la línea del metro elevado de Lima fue inaugurado por García en julio de 2011. Posteriorm­ente la Contralorí­a detectó un sobrecosto de 111 millones de dólares.

El segundo tramo de la línea fue inaugurado en julio 2014, tres años después de que García dejara el poder, y los investigad­ores detectaron un sobrecosto de 301 millones de dólares.

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