Cuando la denuncia periodística de la suba de precios llegó a los tribunales
El tema fue planteado a comienzos de 1947 en un par de artículos publicados por el desaparecido diario “El Atlántico”. Un juez bahiense inició una causa de oficio y hasta el director del medio debió concurrir a prestar declaración.
La mayoría de las cosas tiene más de una lectura, pero ninguna puede ser considerada medianamente valedera si se desconoce el contexto en que se desarrolla. Es por eso que temas recurrentes tienen distintas apreciaciones.
Por ejemplo, una cuestión que llegó a la justicia a finales de la mitad del siglo pasado hoy no solo no alcanzaría ese estrato, sino que quien osara otorgarle esa condición sería poco menos que ridiculizado.
Una mirada favorable haría hincapié en el supuesto alto compromiso con la sociedad por parte de quien motorizara la cuestión; y ahora, con todo lo que ocurre, se dejaría al descubierto el probable poco trabajo existente, y que permitiera atender esas necesidades.
Para muestra basta un botón, sentencia el dicho popular, aunque en esta circunstancia son dos las opiniones periodísticas que motivaron que el 10 de enero de 1947 el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 2 iniciara la causa Nº 26.874, caratulada “Diario El Atlántico, denuncia fraude al comercio y la industria”, en la que intervino el juez Vicente Pablo Baldino.
La investigación no prosperó y un año después se dispuso el archivo de las actuaciones.
El artículo periodístico que motorizó la actuación judicial, titulado “Caminar es ya un transporte caro”, señalaba que “desde tiempos inmemoriales, el medio de locomoción más económico fue siempre andar a pie o, como decía el versito familiar, el 'tranvía de San Fernando, unos ratos a pie y otros andando”.
Esa terminología, actualmente catalogada como una antigüedad, adquiere otra cualidad y bien podría ser considerada de plena vigencia cuando cita que “en los tiempos que corren eso de andar no puede considerarse tan económico, gracias al espíritu de especulación que habita en el cerebro de muchos comerciantes sin escrúpulos”.
En lo que hace a nuestra ciudad, el diario “El Atlántico” señaló que “entre nosotros se ha podido comprobar en estos últimos días que el alza de los precios del calzado toma proporciones verdaderamente alarmantes”.
El medio entendía que “no sólo debe ser detenida esa corriente vertiginosa del alza en los precios de un vulgar par de zapatos, sino que en realidad, esos comerciantes que especulan lamentablemente con la necesidad de su clientela, que no puede menos que comprar calzado en la ciudad, podrían pensar un po- co menos en su negocio y un poco más en su condición de personas, condición que desaparece cuan- do asoman las uñas del especulador”.
Del tomate
Antes que el expediente fuera enviado a la comisaría Primera para su instrucción, luego de que el juez considerara que lo expresado pudiera ser el resultado de “la comisión de un delito”, se agregó otro artículo titulado “El tomate merece un saludo”.
Allí se expresó que “en tiempos normales, y aún en épocas críticas, un tomate no era más que un fruto que cualquier chiquilín maneja y deglutía en su casa, sin previo permiso de sus padres, excepto cuando pasaba de la cantidad indigestable”.
Agregó que “hoy la situación ha cambiado y se requiere un presupuesto de clase media para permitirse el lujo de que toda la familia pueda reverenciar un tomate”. “El Atlántico” sostenía que “los tiempos han cambiado, como puede verse, y hasta los tomates han capitalizado violentamente su importancia. Claro está que no es culpa de los sujetos de estos comentarios, sino de los ‘sujetos’ que trafican con la necesidad del pueblo y fijan nuevos precios todos los días, pero siempre en escala ascendente y lamentable”.
Tarea profesional
En aquel entonces, el diario creado el 3 de enero de 1920 por Edmundo Calcaño había sido vendido a capitales de La Plata fuertemente vinculados al gobernador Domingo Mercante, quien delegó la administración del medio al abogado José Aralda, de 32 años.
Durante la instrucción, el letrado fue citado a declarar en sede policial, donde dijo “que es función del periodismo reflejar objetivamente los hechos que interesan a la población en general; que al hacer esas publicaciones se cumplía con la finalidad primordial que compete a la prensa, sin que ello implicase señalar a determinada persona en particular, sino poniendo en relieve un estado de cosas fácilmente comprobables y que eran de dominio público”.
Aralda también dijo que al mencionar la especulación de que eran objeto algunos artículos de primera necesidad, “se entendía que el alza desmesurada de los precios no condecía con el aumento de los salarios ni de las materias primas empleadas”.
Luego que expresara que la publicación no tenía por finalidad precisa hacer notar a la autoridad competente la comisión de algún delito, el comisario Antonio Rivas y el oficial ayudante Cándido Del Prado elevaron ese mismo día el expediente al Juzgado, que finalmente no halló delito alguno y archivó la causa.
La causa Nº 26.874 fue caratulada como "Diario El Atlántico, denuncia fraude al comercio y la industria". Intervino el juez Vicente Baldino.