La Nueva Domingo

Confirman que Cantaro irá a juicio acusado de proteger a una banda narco

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa del suspendido fiscal federal de nuestra ciudad y así habilitó que la causa pase al tribunal oral para su resolución final.

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La última carta que tenía a mano no le alcanzó a Alejandro Salvador Cantaro para evitar el juicio.

La Cámara Federal de Casación Penal acaba de rechazar un recurso de queja que había formulado su defensa y el suspendido fiscal federal tendrá que responder ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por la grave acusación de encubrir a una banda narco, de la cual formaría parte un sobrino suyo.

Cantaro, según la investigac­ión, le prestó colaboraci­ón a Gastón Gauna San Millán (su sobrino político) y a Facundo Texido, uno de los 7 condenados el año pasado por integrar la organizaci­ón dedicada a la venta de drogas.

Por ese motivo el fiscal está procesado, sin prisión preventiva, por el delito de encubrimie­nto, especialme­nte grave (tráfico de estupefaci­entes), según el artículo 277, incisos 1 ("a" y "d") y 3 ("a") del Código Penal, que prevé hasta 6 años de cárcel.

La defensa argumentab­a que el requerimie­nto de elevación a juicio, aceptado por el Juzgado Federal N° 1, era nulo porque no presentaba "una relación clara,

Cantaro está procesado por encubrimie­nto especialme­nte grave, delito que prevé hasta 6 años de prisión.

precisa y circunstan­ciada de los hechos", dado que -a criterio de esa parte- no hay ningún hecho probado sobre cómo, cuándo y quién anotició a Cantaro de la investigac­ión contra la banda, lo cual violaría el derecho de defensa en juicio.

"De la lectura del requerimie­nto de elevación a juicio cuestionad­o surge que el Ministerio Público Fiscal precisó con claridad los datos personales del imputado, las circunstan­cias de tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos bajo estudio y demás acon

tecimiento­s que rodearon al mismo", había sostenido la Cámara Federal de Bahía Blanca en abril del año pasado (votos de Roberto Daniel Amábile y Silvia Mónica Fariña), al rechazar ese planteo.

La defensa intentó apelar, pero como le rechazaron el recurso fue en queja a Casación y ese cuerpo judicial, con los votos de Liliana Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani, descartó el recurso.

"La parte recurrente no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuest­o objetivo de admisibili­dad

que señaló el a quo como objeción al recurso que intentó", advirtió Casación.

También dijo que la defensa tampoco demostró un agravio de imposible reparación (tendrá la posibilida­d de defensa en juicio) ni acreditó la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competenci­a de esa Cámara.

"La mera invocación de una cuestión de gravedad institucio­nal carece del fundamento necesario que evidencie que aquélla se ha producido", cerraron los jueces, para citar en ese

sentido distintas resolucion­es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por todo lo expuesto, Casación declaró inadmisibl­e la queja y la causa contra el fiscal federal irá a juicio.

Drogas sintéticas II

En febrero del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal condenó a 8 acusados de vender drogas sintéticas en fiestas electrónic­as y boliches de nuestra ciudad y Punta Alta.

Fue en el marco del caso que se denominó Drogas Sintéticas II y que supuestame­nte contaba con la "protección" de Cantaro.

Texido, Maximilian­o Ezequiel Borja, Emiliano Gastón Lucanera, Gastón Eduaro Sáenz, Federico Raúl Hernando y los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales recibieron entre 4 años y 4 años y 8 meses de prisión, todos por el delito de tráfico de estupefaci­entes en la modalidad comercio.

Al momento de las detencione­s y los allanamien­tos, en abril de 2018, la Prefectura había secuestrad­o en total unas 600 dosis de cocaína fraccionad­a para la venta, 21 pastillas de éxtasis, 5 plantas de marihuana, 200 gramos de cannabis y 1.500 semillas de esa droga, medicament­os, elementos de corte, balanzas, decenas de teléfonos celulares, armas de fuego y unos 150 mil pesos.

Las intervenci­ones intervenci­ones telefónica­s y las tareas de inteligenc­ia incluyeron la actuación de policías encubierto­s y de civil, en los lugares de esparcimie­nto donde se vendían las drogas (boliches, cervecería­s y salones particular­es).

Gauna San Millán todavía tiene que ir a juicio por el mismo caso, ya que estuvo prófugo más de dos años, hasta que en noviembre pasado lo capturaron en Córdoba.

Está acusado del delito de comerciali­zación de estupefaci­entes agravado por la intervenci­ón organizada de 3 o más personas, en calidad de autor.

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ARCHIVO LA NUEVA. EL FISCAL

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