Causa Corfo: una pericia judicial compromete más a los principales acusados

Un informe contable señala que hubo movimientos extraños en el pago de una factura de más de $ 231 mil a una fotógrafa por supuestos trabajos de albañilería.

A poco más de dos años de la aparición pública de la factura y de la denuncia penal de parte de los regantes por supuestos delitos, entre los que se encuentran la malversación de caudales públicos, estafa, encubrimiento y hasta asociación ilícita, un peritaje contable realizado por la Justicia bahiense muestra la existencia de posibles irregularidades en el funcionamiento de Corfo Río Colorado en los meses y años previos a la pandemia.

El informe, que hace especial hincapié en el caso de la boleta por más de 231 mil pesos, se limita a dar cuenta de algunos movimientos de cuenta por demás sospechosos, además del pago por obras que supuestamente no eran necesarias o que directamente no se hicieron y de algunas observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires en balances puntuales, entre otras cosas.

El peritaje contable, al que tuvo acceso “La Nueva.”,

fue presentado ante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de Delitos Complejos bahiense, Gustavo Zorzano -quien tiene a cargo la causa-, por parte de la contadora María Agustina Tennina, de la Fiscalía General Departamental. En él se explican algunas cuestiones que ya eran conocicomo lo que había ocurrido con el dinero una vez que había sido depositado en la cuenta de la fotógrafa, pero detalla también ciertos movimientos de facturación que se hicieron a Corfo a través de una cooperativa de trabajo.

Sin incurrir en calificaciones o definiciones de culpabilidad o responsabilidad, el texto sí se explaya en los maniobras que se realizaron para abonar a una fotógrafa una boleta por la reparación de un puente sobre un canal de riego, en una suerte de triangulación de la que habrían tomado parte esta mujer, su pareja –personal contratado de la dependencia productiva- y el propio gerente administrativo de la entidad.

En agosto de 2020, la aparición de una boleta por 231.900 pesos a nombre de la fotógrafa lurense Lorena Constantini por trabajos consistentes en la “Reparación de puente sobre canal Unificador III”, autorizada por el por entonces número dos del ente de riego, el contador Cristian Eval, provocó un verdadero terremoto dentro de la institución, que hasta ese entonces era considerada un ejemplo de transparencia en toda la provincia.

En pocas semanas, y en medio de un escándalo que fue creciendo a medida que se presentaban denuncias y se iban conociendo más pormenores del caso, el ministerio de Desarrollo Agrario decidió cortar por lo sano y cambió toda la cúpula del ente; para ese entonces, la Justicia ya había sido involucrada por medio de una denuncia penal realizada por los propios productores. En este marco, sobre fin de 2020, se allanaron las dependencias de Corfo y las viviendas de los presuntos implicados, donde se secuestró papelería y celulares, entre otras cosas.

Según el informe, la obra del puente no está detallada en el listado correspondiente a 2020. Además, se explica que la fotógrafa “se encuentra inscripta en la actividad ‘Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales’ desde julio de 2020”, cuando la factura de 231.900 pesos –la única que realizó hasta hoy- se emitió el día 8 de ese mes. En un cruce de datos con AFIP, se indica que “no existe información respecto de empleados en relación de dependencia” ni tampoco “respecto de compras de maquinarias o bienes de uso”. Incluso, se la señala como titular de beneficios previsionales, como la Asignación Universal por Hijo, el PREVI y la garrafa social.

Lo llamativo es la ruta que hizo el dinero a partir de que fue depositado en la cuenta de la fotógrafa. El 15 de julio de 2020, día en que recibió el pago por la supuesta obra, desde la cuenta de Constantini se realidas,