Residuos: ordenan al municipio dar la información que pidió un particular
La Justicia aceptó el reclamo del abogado Carlos Luisoni quien, por la vía administrativa, no había obtenido una respuesta satisfactoria desde los despachos de Alsina 65.
pretendía saber, entre otros aspectos, si la recolección y posterior transporte de residuos respetan el contenido de cada una de las "campanas".
Carlos Alberto Luisoni es secretario del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Aunque sin ostentar su labor profesional, sino como un simple ciudadano, pidió tener acceso a información pública de interés sobre el sistema de gestión de residuos en nuestra ciudad.
El 24 de mayo del año pasado hizo formalmente el pedido en la mesa de entradas de la Municipalidad, en Alsina 65, y como no obtuvo ninguna respuesta por la vía administrativa, a mediados de julio recurrió a la Justicia.
En la intimación del juez
Agustín López Cóppola, del Juzgado Contencioso Administrativo de Bahía, la subsecretaría de Gestión Ambiental, a través del apoderado municipal Federico Juárez, respondió los 12 puntos solicitados.
El juez dio por zanjada la cuestión, pero Luisoni se mostró insatisfecho con las respuestas, entendió que estaban incompletas y recurrió a la Cámara Contencioso
Administrativa de Mar del Plata (articula con Bahía), desde donde, en los últimos días, le dieron la razón a su reclamo.
Los jueces Roberto Daniel Mora y Elio Horacio Riccitelli aludieron al marco constitucional, a tratados internacionales, a la ley de regimen de libre acceso a la información ambiental y hasta a fallos de la Corte para ordenarle al municipio bahiense que aporte toda la información solicitada por el particular y en un plazo de 15 días, una vez firme el fallo.
"La norma sobre la obligación de las autoridades públicas de proveer información ambiental implica, por un lado, el deber de recolectar y procesar la información, lo que presupone, entre otras cosas, la vigilancia y control efectivo toacumulada
das las situaciones real o potencialmente riesgosas o dañinas. Y, por otro, la obligación de suministrar y difundir públicamente a la sociedad la información y actualizada de modo permanente y eficaz", dijo la Corte provincial en 2017 (causa Longarini).
"Es justamente ese deber ciudadano el que apuntala, en casos como el presente, los requerimientos de acceso a la información como paso previo y necesario para llevar a cabo (de ser necesarias y justificadas) acciones que tiendan a la protección y conservación del entorno", agregó la Cámara marplatense.
Esa conducta -amplióbusca evitar que la ciudadanía forme juicios de valor apresurados, infundados y hasta erróneos sobre posibles consecuencias ambientales y, por otro lado, dota de mayor control y eficacia de las políticas en la materia.
Doce puntos
En el cuestionario que trasladó Luisoni al municipio figuraban preguntas como la cantidad de "puntos limpios" y su ubicación, la periodicidad de recolección de residuos, el mantenimiento de los mismos, el área de gestión de estos puntos y saber si la recolección y posterior transporte respeta el contenido de cada una de las "campanas".
También requirió saber el volumen y destino del material; qué tratamiento posterior reciben; quién gestiona la Ecoplanta y si existe un plan concreto de gestión ambiental referente a los residuos sólidos.
"Vista globalmente la contestación ofrecida, exhibe un comportamiento reprochable de la Administración, que ocasiona un menoscabo cierto del derecho de información, en el caso, íntimamente vinculado al ejercicio y defensa de los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano", afirmó la Cámara.
Se observaron vacíos informativos, respuestas genéricas, omisiones totales en algunos puntos y redireccionamiento a la página web municipal sin marcar los links respectivos.
"Tales comportamientos elusivos e insatisfactorios, de resultar aceptados, importarían lisa y llanamente, dejar librada la garantía de acceso a la información al arbitrio discrecional del obligado", agregaron Mora y Riccitelli.
Carlos Luisoni es, a su vez, secretario del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Bahía Blanca.