Otro impacto de la seca: el Estado se queda con 79 pesos de cada $ 100 de quien produce
El Indice que elabora la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) rompió el récord del mes de junio de 2015. En soja llegó a $ 94 sobre los mismos $ 100. En diciembre último había sido de $ 67/$100.
El fenómeno no se producía desde junio de 2015, cuando el Indice FADA alcanzó $ 96,5 sobre $ 100. Se trata de los pesos con que se queda el Estado, en sus tres niveles, respecto de $ 100 de la inversión agropecuaria.
“El impacto que tiene la sequía, al reducir el impuesto a las Ganancias, genera que los impuestos no coparticipables crezcan hasta llevarse 3 de cada 4 pesos que aportará en impuestos la producción agrícola este año. Se trata de un récord, al menos desde que la FADA lo mide”, dijo David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.
El dato correspondiente a este marzo encendió las alarmas: el Estado se quedó con el 79,1 % de la renta que generó en promedio un productor agrícola de soja, maíz, girasol o trigo.
“La sequía en nuestro país ha disparado la presión impositiva”, añadió.
“La fuerte caída en la producción por este fenómeno generó que la participación del Estado aumente a través de los impuestos”, indicó.
“Esto se da porque el impuesto con mayor peso es el derecho de exportación (DEX) que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía se incrementa la participación de los impuestos sobre la renta”, sostuvo Miazzo.
Traccionado por menores rindes como consecuencia de la sequía y de las heladas que afectaron a los cultivos, y menores precios internacionales que a comienzos de 2022 estuvieron impulsados por la guerra Rusia-Ucrania, el índice de este marzo es 14,3 puntos porcentuales más alto que el de marzo de 2022.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 79,1 %, la participación del Estado en soja es del 94,1 %; maíz, 62,4 %; trigo, 78,7 % y girasol, 58,3 %.
En el caso de la soja, los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escasa renta que genere el cultivo en esta campaña que, en no pocos casos, la cosecha ni siquiera se concretará.
El cálculo se obtiene al considerar que la renta es el valor de la producción menos todos los costos que enfrenta. Esa renta se distribuye entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra.
“Si lo aplicamos a alguien que alquila la tierra; es decir, que le representa un costo en un año donde la producción genera pérdidas, el Estado se lleva más del 100 % de la renta”, explicó.
Un dato interesante es saber cuánto de los impuestos vuelve a las regiones que los pagaron.
De acuerdo con la FADA, del total recaudado por hectárea —en promedio— el 76,4 % son impuestos nacionales no coparticipables; es decir, que quedan en el Estado Nacional; 16,3 % son coparticipables, esto es, una porción regresa a las provincias que lo produjeron. Finalmente, 6,2 % corresponden a tributos provinciales y 1,1 % a municipales.
Mientras tanto, Nicolle Pisani Claro, también economista de la FADA, en momentos como los actuales se destacan dos grandes problemas del sistema impositivo.
“Por un lado el federalismo fiscal, ya que con una caída tan profunda de los rindes desaparece un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten impuestos que no se coparticipan como los derechos de exportación y para créditos y débitos”, describió.
“Por otro lado, está el problema de no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP, lo que genera un costo para los productores”, añadió Pisani Claro.
Desde FADA se refieren — en particular— a los saldos técnicos de IVA que, en momentos de quebrantos generalizados, las empresas agropecuarias acumu
“La fuerte caída en la producción por la seca generó que la participación del Estado aumente a través de los impuestos”, dijo Miazzo.
larán montos millonarios de saldos técnicos de IVA en AFIP, en un año en que, muchas de ellas, no podrán ni siquiera hacer frente a sus deudas.
Índices provinciales y costos
Mientras el índice FADA nacional es de 79,1 %, en Córdoba se registra el 81,7 %; en Buenos Aires, el 75,6 %; en Santa Fe, el 77,5 %; en La Pampa, el 78,8 %; en Entre Ríos, el 86,7 % y en San Luis, el 77,5 %.
En el caso de la soja, en tres de las 6 provincias se tienen un índice superior a 90 % y las 3 restantes superior al 100 %.
Para tomar como ejemplo, en el Índice FADA se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz. Se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por eso se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción. Al analizar los costos resaltan dos puntos.
El primero, los gastos de fobbing representan entre el 7 % y el 8 % de todos los involucrados en una hectárea de maíz.
El segundo punto son los fletes, donde se puede apreciar cómo se va incrementando la participación a medida que el relevamiento se hace en el interior productivo.
En el caso del maíz, el flete representa el 18 % de los costos en Buenos Aires; en Córdoba el 21 %; en San Luis el 22 %; en La Pampa el 19 % y en Entre Ríos el 16 %. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 13 %.
En cuanto a los costos de insumos, medido en dólares, se han comenzado a ver descensos importantes luego de las subas de los Contra el mes de marzo de 2022, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 89 %, pasando de 108,68 pesos por dólar a $ 205,40.
En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en este período cayó un 7 %. Medido a precios de este marzo, el tipo de cambio del mismo mes de 2022 era el equivalente actual de $ 222, y el de marzo de 2021 era de $ 281.
“Esto significa que el tipo de cambio se ha atrasado respecto de la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares; esto es, un escenario malo para cualquier actividad exportadora”, señaló Miazzo.
“Sin embargo, desde septiembre de 2022 el ritmo de suba del tipo de cambio oficial aumentó a niveles similares a la inflación. Esto muestra un quiebre en la política de atraso cambiario que se había iniciado en marzo de 2021”, agregó.
También dijo el especialista que el atraso cambiario se traduce en que, costos como las labores y los fletes, signifiquen una cantidad cada vez mayor de dólares, aunque en la situación actual se potencia con otro factor: el efecto del cepo importador, que encarece el precio interno de los productos importados.
“El cepo tiene impacto directo sobre insumos claves para labores y fletes como neumáticos, repuestos y el precio de los camiones y maquinarias”, dijo.
“Es de esperar que, ante el menor ingreso de divisas a causa de la sequía en este año, el cepo importador se profundice. En cuanto a los costos de insumos, medido en dólares, se han comenzado a ver descensos importantes luego de las subas de 2021 y 2022”, afirmó el economista.
Asimismo, contempló que, si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo con la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 48 % de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados, mientras que el restante 52 % se encuentran pesificados.
Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema total, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 63 %.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en soja, los costos dolarizados ascienden al 52 % de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 48 %. Si se considera el valor de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 60 %. años 2021 y 2022.
En urea se aprecia una baja interanual del 56 %, aunque aún es un 20 % más cara que hace tres años. El PDA tuvo un descenso interanual del 28 %, aunque todavía cuesta un 60 % más que hace tres años.
El caso del glifosato, que también había sido uno de los que más aumentó, muestra una caída interanual cercana del 40 %, pero aún vale 60 % más que hace tres años.
“Estas bajas de los insumos ayudan a descomprimir los costos y, por lo tanto, el incremento del índice de participación del Estado en la renta agrícola”, aseguró Miazzo.
El dólar soja
Impulsada por la política monetaria de los Estados Unidos y de los principales bancos centrales del mundo y, luego, por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol, en los últimos dos años y medio hubo una mejora sustancial de precios internacionales.
“Sin embargo, así como hubo una mejora de los valores internacionales, se dio una baja abrupta del tipo de cambio oficial real, lo que afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola”, agregó Pisano Claro.
“De hecho, a raíz de este atraso es que fueron necesarias las dos ediciones del dólar soja para impulsar las ventas”, sostuvo.
En términos de tipo de cambio real, y descontando los efectos de la inflación, en el último año el dólar cayó un 7 %. Medido a precios de marzo del corriente año, el tipo de cambio de marzo de 2022 era el equivalente actual de 222 pesos, y el de marzo de 2021 era de $ 281.
“De acuerdo con lo apreciado desde septiembre, se espera que se frene el atraso del tipo de cambio oficial, aunque el año electoral puede jugar en contra de esta política”, amplió Miazzo.
“Pero también han comenzado a desinflarse los precios internacionales a medida que menguan los efectos de la guerra en el mercado de granos y los bancos centrales suben las tasas”, aseveró el economista.
En los fletes se puede apreciar cómo se va incrementando la participación a medida de que el relevamiento se hace en el interior productivo.