Cumplir con la ley, una obligación de todos
La llamativa foto de un obrero cargando una media res sobre su espalda que una influencer publicó en las redes sociales, nos hizo reflexionar sobre algunas cuestiones que, desde la propia Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedoras, se viene expresando desde hace tiempo mediante diversos comunicados y editoriales de la revista.
Hay varios aspectos de la cuestión que merecen ser analizados en detalle.
Uno de ellos es la salud de los trabajadores, que se vulnera mediante una práctica antigua que ya nadie aprueba y las objeciones higiénicas del método de descarga manual.
Existe una cuestión que, también, nos genera preocupación: la confusión generada por los anuncios de las autoridades, que chocan contra el marco regulatorio que ellos mismos establecieron.
Nos referimos a la obligatoriedad de cuartear las reses en los frigoríficos y la prohibición de comercializar medias reses, establecida mediante resolución conjunta de los ministerios de Economía y Trabajo.
Dicha normativa está aún vigente, pese a los reiterados anuncios sobre su derogación y a la imposibilidad manifiesta de su aplicación.
Esta falta de practicidad de la normativa fue expresada unánimemente por las autoridades provinciales y los integrantes de la cadena de ganados y carnes, salvo el sector exportador. La situación dificulta que avancemos en la utilización de medios mecánicos para la descarga, como los desarrollados por nuestra cámara con la asistencia técnica del INTI.
La herramienta constituye una solución inmediata y concreta para proteger a nuestros trabajadores y cuenta con amplio consenso en todos los sectores.
Del mismo modo, no se ha convocado a los integrantes de la cadena de la carne vacuna a las mesas técnicas anunciadas. Estos espacios permitirán avanzar en los consensos necesarios para modernizar la industrialización y el comercio de carnes, de un modo integral y equilibrado que incluya a todos los sectores.
Estas indefiniciones por parte del Gobierno nos colocan es una situación de ilegalidad, porque nos obliga a incumplir la norma escrita pese a que, utilizando medios mecánicos, cumplimos con lo pautado por las propias autoridades y consensuado con las provincias.
También quedan en la ilegalidad las actuaciones de los funcionarios públicos, por el no cumplimiento de sus funciones si debieran atenerse a lo escrito en las normativas aún vigentes.
Probablemente, la no adecuación de esta normativa a los anuncios del Gobierno se deba a un descuido propio de la burocracia.
Esta cuestión debe ser resuelta por las autoridades, para avanzar en la modernización del sistema y que la ley sea igual para todos, y podamos cumplirla; empezando por quienes deben aplicarla y controlar su aplicación.