Inquietud y descargos
Presentaciones. El fiscal ante el tribunal bahiense, Gabriel González Da Silva, había reconocido su inquietud por esta problemática, a partir de dos presentaciones ante el Procurador de la Nación, Eduardo Casal, y la Cámara de Casación.
Pandemia. "Esto se incrementó en la pandemia. Y desde hace un año empecé a presentar recursos en Casación. Como representante de la sociedad, estoy preocupado", había dicho el fiscal.
Aplicable. Según González Da Silva, el artículo 14 del Código Penal es "plenamente aplicable" por ser una política que diseñó el legislador, que considera peligrosos a este tipo de delincuentes.
Compromiso. La jueza Ana Figueroa, de Casación, había destacado "el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la persecución del tráfico internacional de estupefacientes, mediante la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".
Obligaciones. "En casos así está comprometida la intervención estatal en el cumplimiento de obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico, uno de los delitos más graves que el Estado debe combatir", dijo Figueroa. de la Cámara Federal de Casación Penal que reafirmaron la constitucionalidad de la misma".
"Los argumentos utilizados por la alzada son enteramente aplicables respecto a la situación de Godoy, en tanto establecen que la restricción establecida por la ley en cuestión no resulta violatoria del principio de progresividad de la pena y de la finalidad resocializadora de aquélla, ni el principio de igualdad", sostuvo Foglia.
Explicó que si bien nuestro Estado consagra el fin de la reinserción de la pena, no establece una forma específica en la que deba llevarse a cabo.
Independencia "relativa"
"Si bien la Cámara Federal de Casación Penal no es el último intérprete en la materia, sino la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ese Altísimo Tribunal ya se ha expedido en reiteradas oportunidades rechazando por inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas técnicas", dijo Foglia.
Reconoció que si bien cada juez puede interpretar y aplicar la ley según su criterio, esa "independencia" no es absoluta en nuestro sistema legal.
Los fallos de tribunales superiores no generan obligatoriedad, pero "llegado el momento de ejecutar la sentencia que finalmente quede firme, los jueces deben atenerse a la decisión final dictada por el tribunal superior de la causa".
"Por lo tanto, aun cuando pueda no coincidirse con el criterio de la alzada, y dejando a salvo la opinión contraria que pudiera tener sobre la cuestión sometida a conocimiento, resulta conveniente en este caso acatar el criterio dispuesto en esos precedentes citados por una razón de economía procesal", amplió.
Según Foglia, hasta que no haya un argumento especial que refute las conclusiones de Casación, la decisión correrá por el mismo carril, con lo cual selló la suerte procesal de Laura Godoy, quien tendrá que seguir detenida (aunque con domiciliaria) hasta que cumpla la condena.