La Liga: Casación ordenó modificar las sanciones de cinco condenados
El tribunal provincial hizo lugar parcialmente a las apelaciones y determinó que nuevos jueces establezcan la sanción.
La Justicia bahiense deberá determinar nuevamente la pena para cinco de los condenados por integrar el grupo denominado “La Liga”, que mediante distintas maniobras operaba en subastas judiciales de nuestra ciudad y la región para obtener propiedades.
Así lo resolvió la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Ricardo Maidana, Daniel Carral y Víctor Violini.
Por mayoría de opiniones, los magistrados confirmaron las sentencias resueltas en debates orales y abreviados, aunque hicieron lugar de manera parcial a las apelaciones y consideraron que algunos de los delitos imputados no estaban probados.
Por ese motivo, determinaron que las actuaciones sean remitidas nuevamente a los tribunales que intervinieron para adecuar el monto de la sanción.
La decisión alcanzó a Claudio Oscar Del Valle, Rodrigo García, Vicente Ponce, Claudio Trabucco y Néstor Horacio García.
Organización
En un fallo dividido, con los votos de Carral y Violini, la Sala consideró probada la existencia de una asociación ilícita que entre 2013 y 2018 operó en las subastas judiciales.
Ambos, a diferencia de Maidana, sostuvieron que “los requisitos de la figura se encuentran satisfechos”.
Al analizar la prueba indicaron que “los integrantes de 'La Liga' individualizaban a esa agrupación como 'un sistema' con un fin claramente determinado”.
Agregaron que “en las actividades señaladas, más allá de la prueba específica de los concretos delitos atribuidos y su participación en aquellos, se exte- riorizó ese acuerdo de voluntades que a la par se tuvo por debidamente justificado con la prueba descripta y ponderada, co- mo así también que los sujetos activos actuaron con suficiente grado de permanencia y organización”.
Los jueces mencionaron que los procesados participaban de la organización y que “sus aportes resultaban conjugados entre sí y con el de otras personas que, con tareas diferenciadas, se conectaban unas con a otras”.
“Tales actividades constituyeron eslabones de una misma organización dedicada a la comisión de diversos actos delictivos”, continuaron diciendo.
Las sentencias
El 13 de junio de 2022 el
Tribunal en lo Criminal Nº 3 sentenció a Del Valle a la pena 5 años y medio de prisión.
Los jueces Julián Francisco Saldías, Eduardo Alfredo d'Empaire y Daniela Fabiana Castaño lo hallaron culpable de los delitos de asociación ilícita, extorsión, estorbo o impedimento de un acto funcional y tentativa de estafa procesal.
Casación consideró que las últimas dos imputaciones no estaban acreditadas, por lo que absolvió al sujeto de las mismas (el abogado Maximiliano De Mira, afirmó que recurrirá parte del resolutorio).
Los mismos magistrados condenaron a Rodrigo García a 4 años y medio.
El tribunal bonaerense ratificó su responsabilidad por la asociación ilícita y un caso de coacción y lo halló inocente -al igual que a Del Valle- por estorbo y tentativa de estafa procesal.
En el caso de Ponce, el 3 de octubre de 2022, en un juicio abreviado, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Hugo Adrián De Rosa, le impuso 6 años por la asociación ilícita, coacción, tentativa de extorsión y estafa procesal.
El fallo confirmó las acusaciones, a excepción del último delito atribuido.
En el mismo sentido se decidió respecto de Trabucco, quien oportunamente recibió una sentencia de 7 años.
En tanto, el 1 de diciembre de 2022, el Tribunal en lo Criminal Nº 2, conformado por los jueces Eugenio Casas, María Mercedes Rico y Claudia Cecilia Fortunatti, le impuso a Néstor García una condena a 5 años y medio.
En este caso, Casación también lo absolvió por la estafa procesal y halló probada la participación en la asociación ilícita y los hechos de coacción y tentativa de extorsión.
De esa manera, los magistrados decidieron “el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior para que un tribunal habilitado, previa audiencia de cesura, establezca el monto de la pena a imponer a cada uno en función de los delitos por los cuales se mantuvo la sentencia condenatoria que les fuese dictada”.