Más de 2.000 obras públicas quedaron frenadas como consecuencia del ajuste
A fines de 2023 había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales. En febrero la cifra bajó a 300 proyectos. La Cámara de la Construcción alertó sobre una “crisis extrema” que podría significar “la destrucción del entramado productivo”.
Más de 2.000 obras públicas quedaron frenadas este año como consecuencia del fuerte ajuste fiscal aplicado por el gobierno de Javier Milei, y la Cámara de la Construcción (CAMARCO) viene alertando que de seguir por este camino los despidos en el sector podrían llegar a los 200 mil.
Entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2.117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, según un reporte de la Asociación de Presupuesto Público (ASAP).
A fines de 2023 había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales mientras que en febrero pasado esa cifra bajó a apenas 300 proyectos. Es una caída del 87,6%, según el Banco de Proyectos de Inversión Pública.
El recorte en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según la ASAP.
Esta reducción fue una de las claves del gobierno de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año, de acuerdo con su estrategia de hacer ancla en lo fiscal para reducir la inflación.
El Gobierno decidió priorizar sólo terminar con obras estratégicas vinculadas con la seguridad vial, cárceles y el control de inundaciones. Según detalló el Ministerio de Economía, los gastos ascendieron a $157.683,8 millones en lo que va del año, un 34,8% menos en términos nominales comparado con el mismo período de 2023. En términos reales, la caída supera el 80%.
Antes de su llegada al poder, Milei anticipaba que en su gestión no habría obra pública y, de hecho, a poco de iniciar la gestión, el ministro Luis Caputo anunció que “no hay plata para pagar más obra pública”.
Dos meses después, el Gobierno oficializó la eliminación del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Obras Públicas quedó a cargo de Caputo.
Las autoridades de la Cámara de la Construcción alertaron sobre una "crisis extrema” que podría derivar en “la destrucción del entramado productivo y en más de 200.000 despidos”.
Eliminar el déficit fiscal fue catalogado por Milei como “la madre de todas las batallas”. Incluso, la versión original de la Ley Bases estipulaba facultar al Ejecutivo para disponer “por razones de emergencia la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.
Sin “ley ómnibus”, el recorte en la obra pública funcionó como una tijera efectiva sobre las cuentas del Estado.
Pese al freno, la semana pasada la empresa estatal Enarsa abrió los sobres para licitar el último tramo de la reversión del Gasoducto del Norte.
Además, la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner es otra de las obras importantes. La última información oficial al respecto es de octubre pasado, cuando la Secretaría de Energía anunció que aprobaba la licitación para la compra de caños del tramo II, que conecta a la ciudad de Salliqueló, al sur de la provincia, con la de San Jerónimo, en Santa Fe.
La reducción fue una de las claves de Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año.