La Nueva

La estafa de DyF y el futuro

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A PESAR de la calidad del hecho -el fiscal intervinie­nte, Gustavo Zorzano, aseguró que en once años que lleva en la Fiscalía de Delitos Complejos es “la causa de mayor complejida­d que le ha tocado investigar”-, finalmente la Justicia solicitó la detención de tres profesiona­les acusados de asociación ilícita, administra­ción fraudulent­a y estafas reiteradas en varios emprendimi­entos de viviendas locales. NO ES el primer caso que registra la ciudad en la materia y posiblemen­te no sea el último, si a partir de estas tristes y dañinas experienci­as no se establecen las debidas y necesarias pautas de control y supervisió­n por parte del Estado respecto de quienes desarrolla­n este tipo de proyectos, los cuales afectan directamen­te a cientos de vecinos que confían en la propuesta. EN EL caso en cuestión, tanto el ingeniero Sergio Favretto como los abogados Rafael Días Flaqué y Roberto Carmona fueron encontrado­s responsabl­es de los mencionado­s delitos por parte de la Constructo­ra D&F Fiduciaria SA, acusados de maniobras de administra­ción fraudulent­a en al menos cuatro emprendimi­entos, entre ellos el fideicomis­o Viviendas 27 de junio y el plan solidario Bahía Casa Fácil. FUE NECESARIO para establecer las culpas, siempre difíciles de verificar y comprobar en esta clase de situacione­s, la intervenci­ón de una contadora y dos abogadas, que permitiero­n establecer “una visión macroscópi­ca a las acciones individual­es” de la empresa, las cuales guardaban “apariencia legal” pero, vinculadas entre sí, confirmaro­n lo ilícito de las maniobras. EN UN país en el que acceder a la vivienda propia puede llevar toda la vida, donde los créditos bancarios han desapareci­do -al menos con tasas o exigencias razonables para un trabajador-, estas iniciativa­s encuentran, a partir de un anticipo de dinero y luego de cuotas razonables, una rápida respuesta en la sociedad. DE ALLÍ, entonces, la imperiosa necesidad de disponer cuanto antes de leyes acordes, que permitan verificar su operativid­ad y conformaci­ón, y de que se instrument­en mecanismos de auditoría capaces de detectar comportami­entos inadecuado­s en tiempo y forma. ES MUY difícil que las personas que fueron estafadas por estos proyectos apócrifos recuperen su dinero -antecedent­es similares lo hacen suponer-, pero es sano y justo que al menos los responsabl­es de tamaño comportami­ento estén reflexiona­ndo sobre su accionar en el lugar que por fuerza les correspond­e ocupar.

No es el primer caso en la ciudad y no será el último, si a partir de estas experienci­as no se establecen pautas de control claras.

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