Funciones sin asignar, gasto sin controlar
Es decir, en la práctica, el funcionamiento del sector público nacional muestra en varias áreas una desviación respecto a las reglas que establece la Constitución.
Para tener una idea de órdenes de magnitud de estos desvíos se puede analizar los Presupuestos 2018 de cinco Ministerios nacionales (Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda y Medio Ambiente). Según esta fuente se observa que:
* En programas de acciones interprovinciales se gastarán 150 mil millones de pesos.
En programas con acciones superpuestas con las provincias y los municipios se proyecta erogar $ 130 mil millones.
Esto significa que prácticamente la mitad de los presupuestos de estos cinco ministerios se gastarán en funciones que no les corresponden.
Estos datos muestran la importante magnitud de recursos públicos nacionales asignados en acciones que son de responsabilidad local.
En términos comparativos, lo que estos cinco Ministerios nacionales asignan a funciones de las provincias y los municipios representan el 20% del déficit fiscal nacional.
Se trata de un indicio concreto de cómo una organización más respetuosa del régimen federal ayudaría de manera sustantiva al ordenamiento de las cuentas públicas nacionales.
Los programas nacionales superpuestos con responsabilidad provinciales y municipales no son un mero e inocuo desvio institucional.
Implican, salvo contadas excepciones, una importante fuente de derroche de recursos.
En lo discursivo se justifican bajo el argumento de que suplen vacíos de los gobiernos locales en áreas sociales importantes tales como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes y personal de los sistemas de salud provinciales.
Sin embargo, en lugar de mejorar los servicios sociales en general contribuyen a profundizar su deterioro.
En primer lugar, porque las acciones son episódicas con lo cual están lejos de al menos acercarse a la solución integral de los déficits.
Se hacen pequeños arreglos en algunas escuelas de provincia, cuando el univer* so total es de 41 mil escuelas, o en centros de salud provinciales, cuando el universo asciende a 8 mil centros sanitarios.
Los complementos salariales financian menos del 10% del salario docente.
En materia de vivienda, el propio Presupuesto 2018 admite que los programas nacionales apenas podrían solucionar el 5% del déficit habitacional.
Pero, ademas de tener un efecto marginal, su impacto más negativo es que induce a gobernadores e intendentes a tomar como tema prioritario peregrinar a Buenos Aires en busca de algunas de estas “ayudas” nacionales
Para los funcionarios nacionales resulta muy atractivo mostrar acciones en temas sensibles y ejercer poder distribuyendo recursos discrecionalmente entre provincias y municipios.
Para los funcionarios subnaciones el esquema es ideal para diluir sus responsabilidades.
Para avanzar en un sector público más sustentable y eficiente es fundamental eliminar las superposiciones entre jurisdicciones.
Por eso es extremadamente importante que el dialogo alcanzado con la firma del Consenso Fiscal se extienda y se profundice trabajando para clarificar las responsabilidades en la asignación de funciones entre niveles de gobierno.
El gobierno resaltó que el déficit primario bajó respecto al año 2016 y lo hizo en mayor medida de lo que estaba pautado, lo que fue enfatizado como un importante avance en el ordenamiento de las cuentas públicas.
Sin embargo, es necesario agregar al déficit primario el pago de intereses de manera de llegar al déficit fiscal total (también conocido como resultado financiero). Así, surge que: * En 2016 el déficit fiscal fue del 5,9% del PBI conformado por un resultado primario de 4,3% y el pago de intereses de 1,6% del PBI.
* En el 2017 el déficit fiscal fue de 6,1% del PBI explicado por un resultado primario que bajó a 3,9% del PBI pero un pago de intereses que subió a 2,2% del PBI.