La pregunta es quién hará el ajuste
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene sus ventajas, pero también sus exigencias. Los u$s 15.000 millones desembolsados por el organismo le dieron al Gobierno el alivio financiero que precisaba. Con más reservas en el Banco Central y los u$s 100 millones diarios que el Tesoro ofrece en el mercado, se logró dominar al dólar, que durante toda la semana estuvo operando levemente por encima de los $ 28.
Fue, en ese sentido, la semana más tranquila desde que comenzó la crisis cambiaria hace más de dos meses, el 26 de abril último. No sólo se tranquilizó la divisa, además comenzó a bajar lentamente el riesgo país y repuntaron las acciones, tras caídas de más de 50% en dólares en lo que va de 2018.
El FMI hará otros dos desembolsos en lo que resta del año: serán u$s 3.000 millones a mediados de septiembre y otro tanto en diciembre, por lo que la economía tendrá una oferta adicional de dólares en la parte final del año.
Pero esas fuertes transferencias aportadas por el Fondo vienen de la mano de exigencias. La más relevante, como siempre sucede en este tipo de acuerdos, es la reducción del déficit fiscal primario, que debe llegar a 1,3% del PBI. Significa un ahorro de más de $ 200.000 millones para el año próximo.
Además, también habrá que apuntar a una reducción de la inflación sustancial. De niveles de 30% estimados para este año, habrá que bajar al 17% el próximo.
Pero conseguir semejante ajuste no será una tarea sencilla, especialmente en un año electoral. Y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se ocupó de ponerle límites a la fórmula para lograrlo: “La solución no es subir impuestos”, dijo ante el Senado, al ser consultado sobre un posible aumento del gravamen a los vuelos internacionales, que actualmente se ubica en el 7%.
Sin aumentos de alícuotas impositivas, todo deberá pasar por el gasto. La inflación será, en ese sentido, un elemento crucial porque permite licuar gastos del Gobierno, por ejemplo con salarios del sector público que caerán en términos reales (es decir aumentarán mucho menos que los precios).
Pero nada alcanza. Tampoco la decisión de congelar el aumento de personal en el Estado o de restringir gastos superfluos. Esta semana hubo varias reuniones con gobernadores peronistas en Casa Rosada. Y también se reunieron en la Casa de Entre Rios en la ciudad de Buenos Aires varios ministros de Economía provinciales.
El Gobierno quiere compartir el costo del ajuste con las provincias, a través de una reducción de las transferencias “no automáticas”. Esto significa que habrá una reducción de los fondos destinado,s por ejemplo, a obras públicas que estaban previstas para 2019. La idea es, en principio, no afectar las que están en marcha.
Pero las negociaciones con las provincias también involucran los subsidios. Los gobernadores exigen que sean la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires las que se hagan cargo de los subsidios a la luz y al gas, teniendo en cuenta que los beneficiados por tarifas aún reducidas son los habitantes de esos distritos.
La gran incógnita es si habrá o no un acuerdo político para llevar adelante el ajuste, que finalmente pasará por la licuación vía inflación y recorte de gastos de distinta índole, desde subsidios hasta transferencias a las provincias.
La discusión del Presupuesto 2019 será el “campo de batalla” para dirimir estas cuestiones. En principio, la idea del Gobierno es negociar con la oposición y sacar un proyecto consensuado.
La discusión del Presupuesto 2019 será clave. La idea del Gobierno es negociar con la oposición y sacar un proyecto consensuado.
Pero la dureza de la Casa Rosada para conseguir el ahorro fiscal y que no se caiga el acuerdo con el FMI, no deja margen para la negociación.
Sin embargo, la reducción del déficit a 1,3% es innegociable.
Llegar a un proyecto consensuado sería además una buena señal para los mercados, teniendo en cuenta que aún en un año electoral los políticos se pusieron de acuerdo para llevar adelante los recortes.
Sin embargo, la propia dureza de la Casa Rosada para conseguir el ahorro fiscal y la necesidad de ser exitoso en esa tarea para que no se caiga el acuerdo con el FMI, no deja mayor margen para la negociación.
Por lo tanto, la posibilidad de avanzar el año próximo sin la aprobación del Presupuesto y tomando como base el aprobado en 2018 es una posibilidad cierta. Hoy la necesidad de cerrar rápido las cuentas públicas está incluso por encima de cualquier negociación política.