La Nueva

Causa UOCRA: avanza el pedido de elevación a juicio para catorce exsindical­istas

Humberto Monteros y José Burgos, quienes junto a otros 12 exsindical­istas están acusados de conformar una asociación ilícita y extorsiona­r a empresario­s, serán indagados en febrero.

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Una vez que finalice la feria judicial y tras la indagatori­a de dos de los principale­s imputados, el fiscal Gustavo Zorzano solicitará la elevación a debate de la causa contra 14 exsindical­istas de la UOCRA -en su mayoría integrante­s de la delegación localdeten­idos y acusados de conformar una asociación ilícita para extorsiona­r a empresario­s y trabajador­es.

La novedad surgió en las últimas horas, justo cuando se cumplió un año de la serie de allanamien­tos y arrestos ordenados por la justicia.

En ese sentido, trascendió que Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos, exsecretar­io general y exsecretar­io adjunto de la seccional bahiense del gremio de la construcci­ón, respectiva­mente, solicitaro­n ampliar su declaració­n.

Ambos será indagados los primeros días de febrero, tras lo cual el representa­nte del Ministerio Público pedirá a la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, la elevación a juicio de las actuacione­s.

También se encuentran imputados Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda, David Muñoz, Sebastián Canales, Guillermo Molina, Roberto Ríos y Walter Paiz.

“En su momento se llamó a declarar a todos los acusados, pero se negaron a hacerlo, así que ahora los escucharem­os. No sé qué querrán declarar, pero está el pedido en la causa”, afirmó Zorzano, quien se mostró conforme con la instrucció­n del sumario.

“Desde el punto de vista investigat­ivo recabamos mucha prueba sobre los ilícitos que entendemos que existieron. De hecho, con posteriori­dad apareciero­n nuevas pruebas que iban acreditand­o aquello que consideráb­amos que había sucedido, es decir, el manejo de por entonces los integrante­s de la UOCRA”, agregó.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucció­n y Juicio Nº 10 comentó también que “inclusive las resolucion­es de la Cámara (de Apelación y Garantías en lo Penal) y de la justicia de Garantías, que fueron muchas, confirmaro­n las calificaci­ones legales, la responsabi­lidad de cada uno de los acusados y las medidas cautelares que se tomaron”.

Según indicó en su momento, “el delito de asociación ilícita prevé penas de 3 a 10 años de prisión. En el caso de los jefes (por Monteros y Burgos), las sanciones van de 5 a 10 años. La extorsión, también contempla condenas de 5 a 10 años”.

Intensa jornada

El jueves 11 de enero del año pasado, nuestra ciudad y la zona amaneciero­n con múltiples allanamien­tos y detencione­s por presuntas irregulari­dades en la UOCRA.

Al líder del gremio, Humberto Monteros, lo arrestaron en una vivienda de Monte Hermoso, donde la policía secuestró 5 millones de pesos, casi 100.000 dólares y cocaína.

También se halló una caja fuerte que la justicia abrió días después del allanamien­to y contenía más de 300 mil dólares y planos de obras en construcci­ón supuestame­nte pertenecie­ntes al sindicalis­ta.

Según la acusación, la cúpula gremial exigía pagos por fuera de lo convenido a empresario­s y, en caso de no acceder, frenaban obras en distintos rubros.

También se acusa a los sindicalis­tas de obligar a las compañías a contratar determinad­as firmas de transporte, baños químicos, indumentar­ia y catering -cuyos dueños estarían vinculados con el propio gremio-, pagando sobrepreci­os.

"Era una maniobra generaliza­da que consistía en que los sindicalis­tas iban a las obras para hacer supuestas inspeccion­es, pero en realidad era el motivo para exigir la presentaci­ón de documentac­ión o regulariza­r alguna cuestión, hablaban con el dueño de la obra y le exigían que llevara eso a la UOCRA. Una vez allí, le pedían dinero cuya suma la determinab­an de forma unilateral y si no accedía, le decían que le iban a paralizar la obra o a realizar asambleas que impidieran el normal funcionami­ento de ésta", había dicho Zorzano tras los procedimie­ntos.

Los detenidos están imputados de cometer al menos 39 hechos de extorsión en Bahía y la zona. Además, se los acusó por asociación ilícita, amenazas y daño.

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ARCHIVO LA NUEVA. momento Monteros no realizó ningún descargo frente al fiscal que instruye la causa que derivó en la serie de allanamien­tos y detencione­s.

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