Cada vez más presos salen con tobilleras en nuestra ciudad
Resulta una vía de escape a la creciente sobrepoblación carcelaria, que ya alcanza el 45% en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Como escape a la acuciante sobrepoblación carcelaria, las tobilleras electrónicas llegaron para quedarse. Crecen las órdenes judiciales para otorgar libertades anticipadas (35% más en un año). Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense -a cargo del control- aseguran que es bajo el quebrantamiento.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, durante su reunión en Costa Rica en noviembre de 1969, declaró que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial “la reforma y la readaptación social de los condenados” (artículo 5, inciso 6). Ese pacto tiene rango constitucional en la Argentina.
Quiere decir que nadie debe “pudrirse en la cárcel” y que el sistema tiene que brindarle al delincuente las herramientas necesarias para lograr su resocialización. Esa es la teoría.
La práctica parece distante. El “sistema” hace agua por varios flancos y, aún en el marco legal, otorga beneficios tanto a quienes pretenden evolucionar como a los que solo se “readaptan” en el delito.
En Bahía el tema tiene caliente vigencia, en medio de la problemática por las entraderas y el desenlace fatal del asalto al polirrubro de Undiano al 400.
La primera piedra la tiró el comisario general Gustavo Maldonado, superintendente de la región Interior Sur, quien mediante una carta pública enumeró una serie de casos con ladrones que tuvieron salidas anticipadas y reincidieron. Y aludió al “fracaso” de la reinserción.
El Colegio de Magistrados recogió el guante y le lanzó la pelota al poder político: “Si quieren sacar beneficios, se debería cambiar la ley”, dijo su presidenta, Claudia Fortunatti.
“Estamos preocupados por la inseguridad”, reconoció, aunque sostuvo que el Poder Judicial recién interviene con el caso consumado. “La prevención es parte del trabajo policial”, advirtió.
Mecanismo que no para de crecer
El número de detenidos con libertades anticipadas viene creciendo de manera progresiva, al menos desde 2015 y tanto en Bahía como en toda la provincia. Y no solo porque la ley de Ejecución Penal, en consonancia con los tratados internacionales, así lo dispone.
Existe otra razón más acuciante: la sobrepoblación carcelaria no solo no decrece sino que aumenta: ya es del 45%.
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sostiene a 42.500 presos en 29 mil plazas. La tasa de recambio (diferencia entre los que entran y salen por año), que hasta 2017 era de 3.500, superó los 4.000. Y corre a un ritmo muy superior a la de la creación de cupos, más allá de la inauguración de una cárcel para jóvenes en Campana.
Es una encrucijada. Desde el Ministerio de Justicia, hace poco más de un año, se les reclamó a los jueces que adopten un criterio más “laxo” para la liberación anticipada de detenidos, a fin de descomprimir las cárceles, aunque desde otros ámbitos gubernamentales se pone siempre la mirada crítica en la llamada “puerta giratoria” y se cuestiona a los jueces “garantistas”, una vez que el detenido liberado reincide y el caso explota públicamente.
En medio de ese cuadro, el Patronato de Liberados -que debe supervisar a quienes obtuvieron salidas o arrestos domiciliarios- tiene cada vez menos recursos y más limitaciones.
Esta ecuación lleva, irremediablemente, a un solo resultado: la dificultad para recuperar a los que quieren recuperarse y de encauzar o controlar a los que no.
Cuáles son las modalidades
La tobillera electrónica fue una alternativa para mitigar la situación: otorgadas por la justicia y controladas por el SPB, hoy la tienen más de 2.000 detenidos. Son 2.000 presos menos en las cárceles bonaerenses.
Y el gobierno de Vidal avanza en otro proceso licitatorio para adquirir más, porque están al límite de la demanda.
En Bahía eran 20 hace 4 años y hoy son 68 los detenidos monitoreados.
La mayoría (54) es bajo la modalidad de detención domiciliaria, a la cual pueden acceder (el Código Penal dice “podrá” y no “deberá”), según el criterio del juez competente, el interno enfermo que no puede recuperarse en la cárcel, aquel que padezca una enfermedad incurable, el mayor de 70 años, la mujer embarazada o la madre de un niño menor de 5 años.
En menor medida (14) figuran los que reciben salidas transitorias de las cárceles (por 12, 24 o 72 horas), para “afianzar lazos familiares” o por razones de estudio. Se trata de quienes ya cumplieron al menos la mitad de la condena.
Las libertades asistidas o condicionales -superados los dos tercios de la pena- también son alternativas a la prisión, aunque en esos casos se otorgan sin la necesidad del monitoreo electrónico.
Los delitos graves tienen limitaciones
Uno de los grandes reclamos de la sociedad, que los delincuentes cumplan en forma completa las penas que les imponen, está vigente, aunque rige para los casos sucedidos a partir de agosto de 2017.
Es decir que quienes hoy reciben salidas anticipadas por hechos graves lo hacen porque fueron cometidos antes de esa fecha.
La nueva ley (27.375) ordena que deberán agotar toda la pena en prisión aquellos sentenciados por delitos como homicidios calificados, homicidios en ocasión de robo, robos con armas, muchos de los delitos sexuales y trata de personas, secuestro seguido de muerte, comercialización de drogas y contrabando bajo una organización, entre otros.
Esa normativa se incluyó en el artículo 14 del Código Penal, que impide la libertad condicional a los reincidentes y a quienes sean penados por los delitos que se detallaron.
“En el caso de los delitos graves, nos vamos a enterar si funciona dentro de 20 años”.
El gobierno actual terminará su mandato con la creación de casi 3 mil nuevas plazas carcelarias, aunque cada año ingresan más de 4 mil presos al sistema.
¿Y si se cambia el artículo 431?
En medio de los cuestionamientos por los presos que gozan de beneficios y vuelven a delinquir existe una idea, planteada hace algunos años desde el ámbito judicial local pero que nunca prosperó en ámbitos legislativos, acerca de una modificación en el Código Procesal Penal bonaerense.
El artículo 431 alude al efecto suspensivo: "Las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso, en su caso, salvo disposición expresa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado".
Es decir que en los casos de personas condenadas, si el juez de Ejecución Penal le otorgó un beneficio y la Cáreciente
mara Penal lo revoca, el acusado aguarda en libertad o bajo arresto domiciliario hasta que Casación fije su postura.
En esa espera pueden pasar 6 meses o más, con lo cual el hombre tiene más posibi- lidades de violar los límites del beneficio o -en casos que la demora es aún mayor- se extingue la pena.
De hecho, cuando el ministro de Justicia provincial Gustavo Ferrari estuvo reu- nido con jueces de nuestro medio hace casi 2 años, le plantearon esa posibilidad, pero nunca prosperó desde el punto de vista legislativo.
En contrapartida, cuando un juez de Garantías -en medio de un proceso y no con una condena dictada- otorga alguna morigeración -como la prisión domiciliaria, el detenido sí se debe esperar entre rejas hasta que la Cámara confirme o revoque esa medida.
Con reformar el citado artículo y agregar que “los beneficios se harán efectivos una vez que quede firme la medida” alcanzaría para evitar la salida de presos, que luego se revoca.
Claro que esa medida demandaría, por un lado, una mayor celeridad en la respuesta de los órganos de apelación y, por otro, generaría la retención en las cárceles de un importante número de reclusos, con las consecuencias potenciales que esa situación motivaría, teniendo en cuenta la grave sobrepoblación carcelaria.
Pulseras para casos de género
Con una prueba piloto en el partido de San Martín, que incluye a 4 parejas, el Ministerio de Justicia provincial también busca controlar la reincidencia en la violencia de género a partir del uso de las tobilleras electrónicas.
Se trata del mismo dispositivo que tienen colocadas las personas acusadas por otros delitos, que también es controlado por el Centro Integral de Monitoreo del SPB.
En breve se sumarán otros 12 distritos bonaerenses a la medida y se cree que en una tercera etapa se podría incluir al Departamento Judicial Bahía Blanca. Al menos está en estudio.
En casos de género, a los hombres se les coloca la pulsera, que activa el alerta cuando se aproxima a la zona de restricción impuesta (el primer alerta se da a los 700 metros), mientras que la mujer mantiene un botón antipánico, que comunica con la misma dependencia.
Desde esa central, como sucede con otros delitos, en caso de alguna irregularidad se le da intervención al 911.