También perjudica a Bahía la demora para designar jueces federales
EFECTO NO DESEADO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL
Una consecuencia negativa de la discusión proselitista entre el oficialismo y la oposición es el freno que el Senado le aplicó a la designación de jueces, fiscales y defensores federales y nacionales. En la Cámara Alta hay más de 120 pliegos y en las últimas dos sesiones plenarias los que estaban en el orden del día fueron retirados para ser reconsiderados. Está situación incide de manera negativa en nuestra ciudad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal está sin jueces titulares y próximamente deberá afrontar juicios en causas muy complejas, como Bobinas Blancas.
Mientras el gobierno y la oposición orientan sus esfuerzos en la campaña, la vida institucional sigue su curso inexorable, resultando necesario que cada uno de los poderes de la república mantengan sus funciones en plena actividad, para no correr el riesgo de que sus altas responsabilidades para con los ciudadanos se vean debilitadas.
Una consecuencia no deseada de la discusión de campaña del gobierno con la oposición ha aparecido con el freno que el Senado de la Nación puso en el procedimiento de la designación de jueces, fiscales y defensores, federales y nacionales.
Se sabe que el procedimiento de designación de los jueces es en extremo complejo, que comienza con la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación, que conforma ternas que eleva al Poder Ejecutivo, que a su vez eleva al Senado para su aprobación, o acuerdo.
Al día de la fecha existen en el Senado unos 120 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, entre estos últimos de defensores de las víctimas, que son cargos que fueron creados en las últimas leyes nacionales de derechos de las víctimas de delitos, de los cuales 66 ya tienen dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador salteño Rodolfo Urtubey, es decir, están en condiciones de ser tratados.
Sin embargo, en las últimas dos sesiones plenarias del Senado, los pliegos que se encontraban para ser considerados fueron retirados del orden del día a pedido de la bancada justicialista, que solicitó retrasar la aprobación hasta la realización de las elecciones en la provincia de Santa Fe, acompañando en el reclamo la bancada de Unidad Ciudadana, liderada por el senador neuquino Marcelo Fuentes, que en el recinto requirió más tiempo para meritar uno por uno los postulantes.
La aprobación de los pliegos ingresó así en un terreno incierto, generando reclamos en las provincias que tienen vacantes cargos de la justicia federal con necesidad de cubrirse, como Tucumán, San Juan, Chaco, Santa Fe, Misiones, Jujuy y Buenos Aires.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, aseveró el Día de la Bandera que la justicia está objetada por tener el 25% de los cargos vacantes.
Sin titulares
En nuestra ciudad, los tres cargos vacantes de la justicia federal corresponden en su totalidad al desintegrado Tribunal Oral Criminal Federal, que ya lleva años sin sus jueces titulares.
En la actualidad está siendo subrogado por un juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, por un juez retirado de la justicia Federal de Río Negro, y por un juez de la Cámara Federal local.
Aunque para las causas de lesa humanidad que tiene en trámite se lo ha integrado con un juez de la ciudad de Buenos Aires, que está concluyendo un juicio oral, y otro juez de la Cámara Federal bahiense.
Precisamente en estas últimas causas ha aparecido una consecuencia no deseada del “parate” del Senado en la designación de los jueces, pues representantes de organismos de derechos humanos locales advierten que la situación viene perjudicando la fijación de fechas de audiencias orales para los juicios de lesa humanidad que restan llevarse a cabo.
Es porque se entiende que no tendría sentido fijar juicios que pueden extenderse por muchos meses, cuando hay pliegos correspondientes a los jueces titulares, para ser tratados en el Senado de la Nación.
El reclamo de tratamiento de los pliegos se viene reflejando en los medios periodísticos de distintas provincias, aun las gobernadas por el peronismo, que ven que los cargos no se cubren y temen un retraso en la causas si la situación se prolonga en el tiempo.
Y también desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cuyo presidente, Marcelo Gallo Tagle, al aludir a la implementación del Código Procesal Penal que instaura un sistema acusatorio que permitiría agilizar la causas por delitos federales, afirmó que la puesta en marcha no debe fracasar, y para ello consideró indispensable que entre en vigencia con recursos materiales y de infraestructura, pero también con recursos humanos que importa la designación de los magistrados que corresponden.