Geriátricos: el virus y el escándalo de siempre

De unos 300 geriátricos que funcionan en Bahía Blanca, solo once cuentan con habilitación. El dato parece excesivo, pero no sorprende. Los geriátricos no habilitados son, desde siempre, otra expresión de la incapacidad que tiene el Estado argentino en todos sus niveles para resolver problemas de fondo.

En el caso de los geriátricos, para colmo, se cruzan problemas sanitarios con otros sociales y económicos. En muchos casos, estas instituciones no son más que casas de familia que hacen un lugar para albergar a ancianos que no tienen adónde ir ni con quién vivir. En definitiva, ganar algo de dinero a cambio de cuidado, compañía, techo y comida.

Sin embargo, nunca han dejado de ser espacios de riesgo fuera de una normativa que los regule y al margen de un organismo que controle con eficiencia desde el destino que le dan a sus desechos, algunos muy sensibles, hasta las condiciones que se les brindan a sus huéspedes, quienes en muchos casos no tienen a nadie oiga sus quejas ni los defienda. En definitiva, el Estado delega de hecho en un sistema informal la cobertura de obligaciones sanitarias y sociales que le competen.

Y así hubiera seguido sin la aparición del coronavius. La pandemia, por supuesto, debió haber impuesto la obligación estatal de empezar a controlar estos espacios de forma dramáticamente urgente. Por supuesto, no se hizo, y recién ahora, cuando aparece el previsible muerto y el peligroso foco, ordenan hacerlo. Ojalá que no sea tarde.