Lavado: el juicio por el caso Bobinas Blancas despierta el interés internacional
El caso por lavado de activos con criptomonedas para una presunta organización narco que operó en Bahía, según el fiscal de juicio, incidirá en la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizará sobre la Argentina.
La megacausa por narcotráfico y lavado de activos conocida como Bobinas Blancas, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad analiza desde febrero en un juicio a distancia, captó la atención internacional por ser el primer caso en la Argentina de supuesto lavado millonario del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
El caso "impactará" en el informe de la evaluación que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hará este año sobre nuestro país, que desde 2000 integra el organismo dedicado a fomentar la implementación de políticas y medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero.
Así lo confirmó el fiscal del juicio, Gabriel González da Silva, quien explicó que se trata de un tipo de auditoría para evaluar el estándar alcanzado por el Estado argentino en materia de “investigación, juzgamiento y sanción del lavado de dinero”.
El órgano multinacional controla la efectividad del cumplimiento de las recomendaciones para prevenir este delito.
De la instancia de juzgamiento de los hechos que en junio de 2017 tuvieron como epicentro a esta ciudad, con el secuestro de 1,5 tonelada de cocaína de máxima pureza, se hicieron eco portales especializados en esta operatoria monetaria, como por ejemplo criptonoticias.com.
La reconocida web digital sobre la temática, una de las pioneras, publicó la información de las penas pedidas por González da Silva para los 7 imputados, durante el último tramo de su alegato de 5 días.
Entre los procesados -aunque en libertad- figura Emmanuel García, operador de bitcoins y acusado de lavar dinero de la organización narco, para quien el fiscal pidió 8 años de prisión.
También otros argentinos, como Darío Maximiliano Cuello (detenido en la cárcel de Ezeiza), su hermano Marcelo Rafael Cuello (penal de Marcos Paz) y Amílcar Darío Martino, director en Argentina de la empresa "pantalla" Can Trade Connections y con prisión domiciliaria en Quequén.
Al debate oral llegaron, además, los mejicanos Gilberto Acevedo Villanueva, Jesús Madrigal Vargas y Max Rodríguez Córdova, todos detenidos en el Complejo Federal N° 1 de Ezeiza.
Todos, a excepción de García, confesaron su autoría en los delitos.
"Pensé que esto iba a tener repercusión a nivel nacional, pero después me di cuenta de que la tuvo en el ámbito internacional. Una página especializada en criptomonedas destacó que una fiscalía argentina pidió condenas por este hecho", remarcó González da Silva.
"También tuvo alcance global porque el GAFI está muy atento al tema lavado de activos. Son medidas que se van a recibir con beneplácito, en el sentido de que una persona que está haciendo lavado irregular de dinero proveniente del narcotráfico sería sancionada en la Argentina. Ahora depende del tribunal”, agregó.
A criterio del fiscal, la comunidad financiera en general estará expectante por el fallo que dictarán los jueces Pablo Díaz Lacava, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera.
Actualmente se discute si la criptomoneda es de curso legal en nuestro territorio y en este sentido el Banco Central de la República Argentina y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitieron resoluciones con las que se establecieron "medidas regulatorias", pero son posteriores al inicio de la presente causa.
"Al momento de los hechos simplemente existía la costumbre internacional referida a las plataformas legales. Se exigía que el operador (trader) que se inscribiera aportara su DNI y se lo obligaba a que, cada vez que hiciera una operación, consultara el origen de los fondos".
"Es decir que tomara precauciones para no obtener dinero de origen ilícito de los fondos de los clientes. Cada vez que alguien quiere obtener criptomonedas se evalúa a quien las está pidiendo, solicitando sus datos y una declaración de que los fondos son lícitos", agregó González da Silva durante una entrevista
Nueva. con La
García -a criterio del acusador- hacía esto con sus clientes regulares, pero no con los irregulares.
Precedente "importantísimo"
No hay antecedentes en el país de una causa judicial de estas características y la jurisprudencia vinculada con lavado de activos mediante criptomonedas es escasa, afirmó el fiscal.
"Este será el primer fallo sobre criptomonedas, por lo tanto es un precedente importantísimo. La causa adquirió relevancia por la cantidad de droga incautada (la mayor en la historia del país). Si se define algo respecto del lavado, va a tener más peso a raíz de ese secuestro, porque droga vamos a seguir secuestrando en todos lados", resaltó.
"Pero criptomonedas es un tema muy específico y complicado. Es para entendidos. Estoy seguro de que la defensa (de García) va a tratar de complicarles la cabeza a los jueces, hablando de temas técnicos que no se relacionan con lo que se está juzgando".
"Sin embargo es tan sencillo como que alguien compre un Iphone a dos mil pesos. Seguramente se va a preguntar por qué está tan barato y va a sospechar que podría tener origen non sancto. Esto es lo mismo, pero la defensa lo quiere complicar. Este es el sentido que tendrá el fallo si llega a ser favorable para la fiscalía", continuó.
Multimillonaria multa
El fiscal requirió al tribunal que se sancione a García con una multa de "224.630.288,86 pesos" actualizables con el índice del INDEC desde ahora hasta que la sentencia quede firme.
El representante del Ministerio Público solicitó, además, el decomiso de los bienes incautados en la investigación, como la totalidad del dinero irregular cuyo ingreso en la Argentina detectó, más allá de que -indicó- los causantes lo hayan utilizado para comprar las máquinas secuestradas.
"Detecté una porción de dinero ínfima; estoy seguro de que deben haber ingresado mucha más plata", aseguró.
Si bien no tiene certeza
Según el sitio criptonoticias.com, el año pasado en el mundo se lavaron con bitcoin u otras criptomonedas unos "2.250 millones de dólares" del delito.
de cuánto efectivo generó la presunta red de narcotraficantes, González da Silva calculó que los sospechosos transfirieron al menos 1,5 millones de dólares, pero "es evidente que movieron mucho más dinero".
La presunta organización narco, según el entrevistado, obtenía plata mediante dos vías: una a través de García, con criptomonedas, y otra por medio de transferencias legales que se efectuaban mediante Martino.
De acuerdo con el funcionario, durante la instrucción del expediente se descartó la versión de Rodríguez Córdova (quiso pasar como arrepentido pero se lo negaron) que indicaba que había dinero de la organización delictiva enterrado en algún lugar.
Pedido de penas
El fiscal pidió 15 años de cárcel para Rodríguez Córdova, como coautor de tráfico de estupefacientes en modalidad almacenamiento, agravado por la intervención de 3 o más personas, y tentativa de contrabando de droga.
Por los mismos delitos solicitó 14 años para Acevedo Villanueva y Madrigal Vargas.
Para los mendocinos Cuello, pidió 5 y 6 años de cárcel, por ser partícipes secundarios en la maniobra; y 6 años de prisión a Martino, respecto de quien solicitó al Juzgado Federal de Campana que se lo investigue por lavado de activos.
González da Silva, a su vez, reclamó que el tribunal le imponga 8 años de prisión a García, a quien le imputa "al menos 5 hechos de lavado de activos" mediante transacciones con criptomonedas.
En la causa hay otros 18 acusados que no llegaron a juicio oral.
"A la mayoría se los sobreseyó o se les dictó la falta de mérito. En este tiempo en que la causa estuvo en el tribunal, algunos imputados más tendrían que haber llegado a juicio, pero terminaron con una resolución favorable”, analizó.
En un principio también fueron detenidos el despachante de aduanas bahiense Damián Limanski y los hermanos Leandro, Gastón y Juan Ignacio Guasch, titulares de Grupo Guasch y nativos de Mayor Buratovich.
Sin embargo luego Limanski fue sobreseído y a los Guasch se les decretó falta de mérito, por eso no están siendo juzgados.
¿Y "El licenciado"?
Los investigadores no descubrieron quién es "El licenciado", un apodo que se mencionó en contactos telefónicos que García habría mantenido con alguno de los mejicanos procesados para coordinar el lavado de dinero.
"Esa es la parte (del expediente) que quedó en Campana y no tuve manera de detectarlo (con las actuaciones que le llegaron). Supongo que habrán ordenado alguna medida para individualizarlo, pero antes de alegar averigüé y hasta ese momento no lo tenían detectado", dijo.
Por otra parte, el fiscal solicitó a los magistrados que la justicia federal de Campana "agilice" la detención de los supuestos cabecillas de la banda que aún están prófugos.
Se trata de los mejicanos Javier Madrigal Cabrera, Juan Manuel Corza Pimentel y Rubén de Luna Rodríguez -vive en Canadáy el canadiense Kenneth Booth.
"Para ellos solicité el alerta roja, es decir que si sus capturas no están pedidas, que se haga el pedido de captura y se eleve al máximo nivel. Quiero creer que tienen pedido de captura, pero eso no lo vi. Para nosotros la investigación (a cargo del juzgado federal) de Campana se paralizó cuando enviaron la mitad de la causa a Bahía”, finalizó González da Silva.