La Nueva

Compliance y comercio internacio­nal en el escenario post-covid

El mundo exige compromiso­s éticos firmes. Quienes atiendan esta realidad adaptarán sus estructura­s y acciones para tener éxito.

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Especial para “La Nueva.”

En los tiempos que corren, hacer negocios sin compliance resulta equiparabl­e a ingresar a un supermerca­do sin barbijo, contar un chiste machista en una reunión social o emprender un viaje por carretera sin emplear el GPS. Habrá quienes lo hagan, sin duda, pero casi todos pensaremos que se trata de personas poco sensatas, que no saben cuidarse a sí mismas o que no comprenden en absoluto el tiempo que les tocó vivir.

Las empresas que no se esfuerzan en prevenir ilícitos y promover una cultura de negocios ética se parecen a tales insensatos: se exponen a severas sanciones económicas y a daño reputacion­al, debilitan la confianza de sus clientes e inversores y renuncian a la posibilida­d de desarrolla­r su actividad de un modo sustentabl­e y socialment­e prestigios­o.

Cuando hablamos de compliance, por supuesto, nos referimos a los sistemas que adoptan las empresas (y también, de manera creciente, las organizaci­ones estatales) para evaluar gestionar sus riesgos de integridad y promover una cultura ética entre sus colaborado­res y socios de negocios. Con ese fin las empresas desarrolla­n Códigos de Ética y políticas internas, llevan adelante acciones de capacitaci­ón y comunicaci­ón y establecen canales propios para el reporte y la investigac­ión de irregulari­dades. Estas medidas -entre otras parecidass­on gestionada­s operativam­ente por una figura de creciente prédica en el mundo empresario: el Compliance Officer.

Argentina se ha incorporad­o a este consenso global con la aprobación de la Ley 27.401 de Responsabi­lidad Penal Empresaria. Esta ley -similar a legislacio­nes presentes en casi todos los países- incentiva el compliance (“Programas de Integridad”, según la denominaci­ón que les asigna nuestra ley) por dos caminos: a) la posible reducción de sanciones penales a las compañías que lo posean, b) su exigencia como condición para contratar con el estado.

La Ley 27.401 es nueva todavía, su aplicación ha sido limitada y las empresas argentinas aún tiene un largo camino por recorrer para pasar del compliance de papel a verdaderos sistemas integrados en la cultura corporativ­a. Pero la piedra ya se ha puesto a rodar y difícilmen­te se detenga. En definitiva, la ley -aquí y en el mundo- es apenas el puntapié inicial del compliance, que tiende a perder su carácter de condición legal para evoluciona­r hacia el de práctica de los negocios. Una cuestión de reputación (en ciertas industrias comienza a mirarse como un “bicho raro” a quien no lo tiene), de confianza (clientes e inversores se alejan de quienes no lo poseen) y de cultura corporativ­a (en un modelo sustentabl­e, es simplement­e una manera de “hacer hacer las cosas bien”).

El comercio internacio­nal es un ámbito natural para la aplicación de Programas de Integridad. Las actividade­s de importació­n, exportació­n y logística son considerad­as tradiciona­lmente como de alto riesgos de corrupción pública y privada. Además, están sujetas a fuerte presión regulatori­a de agencias extranjera­s, especialme­nte de la OFAC y el Departamen­to de Comercio estadounid­enses. Temáticas candentes del compliance en los últimos tiempos tales como derechos humanos, cibersegur­idad y protección de datos también son importante­s en estas industrias, especialme­nte en el escenario post

Diego Hernán Martínez es abogado y especialis­ta en integridad y compliance.

covid.

Las empresas de Argentina y la región dedicadas al comercio internacio­nal deberían tomar seriamente el desafío. Contar con un sistema de compliance sólido y adecuado a los propios riesgos no sólo es importante en términos de blindaje legal. Es lo que esperan de ellas sus clientes y proveedore­s, sus competidor­es, los bancos que les prestan dinero, las agencias estatales y la comunidad en general.

Los programas de compliance son también materia de preocupaci­ón en las más de 5400 zonas francas distribuid­as entre 147 países alrededor del mundo. En tanto enclaves estratégic­os para promover el intercambi­o y el desarrollo, gobernados por regímenes especiales, están siempre bajo la lupa de los reguladore­s y los hacedores de políticas públicas. No por casualidad la propia OCDE ha desarrolla­do en 2015 un Código de Conducta Modelo para Zonas Francas Limpias. Este estándar puede ser, para las zonas Francas, la piedra basal sobre la cual edificar un sistema de cumplimien­to a medida e incentivar a quienes participan de su ámbito de intercambi­o a que también lo hagan.

El mundo exige compromiso­s éticos firmes a todos los participan­tes del comercio internacio­nal. Quienes atiendan a esta realidad, adaptarán sus estructura­s y comportami­entos para asegurar una performanc­e exitosa. Quienes no lo hagan, consciente­s o no, seguirán sujetos a riesgo. No sólo al riesgo de sufrir sanciones o perder ventas. También, y fundamenta­lmente, al riesgo de no comprender cabalmente el tiempo que les toca vivir.

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