Trata: confirman el procesamiento de un comerciante chino
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de Huang Kai, acusado de explotar laboralmente a un grupo de trabajadores peruanos para levantar un local en Punta Alta.
Un ciudadano de origen chino, dueño de un supermercado en Punta Alta, seguirá procesado por trata de personas con fines de explotación laboral, hecho que se produjo hace más de 4 años en esa ciudad.
Es que la Cámara Federal de Casación Penal acaba de rechazar, por inadmisible, un recurso de su defensa para revocar la medida, dictada el año pasado por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Huang Kai se llama el acusado de violar el artículo 145 bis y ter del Código Penal, en perjuicio de un grupo de al menos 7 peruanos que "reclutó" para la obra pero, según la investigación, los mantuvo en condiciones casi infrahumanas.
La situación se descubrió en febrero de 2017, cuando el comerciante asiático, dueño del Argenchino en
Punta Alta, se disponía a la construcción de un nuevo supermercado en Tucumán y Belgrano.
Para tal fin "contrató" a un grupo de personas, también extranjeras, a las que supuestamente sometió a largas jornadas de trabajo y que hizo vivir en un galpón lindante de la construcción, sin ventilación (con temperaturas altas) y en condiciones deplorables de higiene y limpieza. Dormían en el suelo y no tenían posibilidad de aseo.
Idas y vueltas
La causa judicial tuvo un camino sinuoso.
En principio, el Juzgado Federal N° 1 sobreseyó a Huang Kai, al considerar que si bien los operarios estaban en situación de vulnerabilidad, las circunstancias no alcanzaban para configurar el delito de trata de personas, por no existir finalidad de explotación y que la libertad de estas personas no llegó a ser restringida.
La Cámara bahiense revocó ese fallo y le ordenó pruebas suplementarias para seguir investigando, pero el juez de primera instancia llegó a la misma conclusión.
Al llegar nuevamente en apelación a la Cámara, en mayo del año pasado, los jueces Pablo Larriera y Leandro Picado volvieron a modificar esa posición y dispusieron el procesamiento, sin prisión preventiva, del supermercadista, medida que ahora se confirma en Casación Federal.
Aceptaron los argumentos de la fiscalía en cuanto a que la facultad de autodeterminación de las víctimas se vio restringida. Son personas oriundas de Perú -su núcleo familiar está en el país de origen-, sin estudios completos y que trabajaban en negro.
La "ausencia de estrés" que marcó la licenciada en psicología Analía Zelaya, tiene que ver con "el estilo de vida que llevaban" y se vincula "claramente a la naturalización de la condición de explotado de toda víctima del crimen de trata".
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas realizó un informe en el cual marcó "la suficiente gravedad de las circunstancias objetivas constatadas", como "servidumbre o trabajo forzoso, ausencia de toda condición de higiene y seguridad, la indignidad en el trato, las pésimas y degradantes condiciones de entorno".
Protex también señaló "el incumplimiento de los estándares mínimos de protección al derecho al trabajo, la desproporción horaria de la jornada, el hecho de que los trabajadores eran todos extranjeros, la forma de retribución salarial y el pago de traslado al lugar de explotación, entre otras.
Todas las fases
Los verbos del proceso de trata quedaron registrados en este caso, según consideró la Cámara.
El ofrecimiento y la captación (el reclutamiento se hizo a través de otras vícti
Al acusado, además, se le trabó un embargo por 100 mil pesos, para cubrir eventualmente la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso judicial.
mas o allegados), el traslado (las operarios coincidieron en que les pagaron el transporte de larga distancia), la recepción y acogida (Kai los recibió en Punta Alta y les dio hospedaje en condiciones alarmantes de insalubridad).
"Del análisis de las actuaciones y los elementos probatorios se desprende que existen indicios de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, quienes en su mayoría son oriundos de Perú –cuyas familias se encuentran nucleadas allí y a las que deben girarles dinero–, sin estudios, con una situación socioeconómica precaria y que habiendo sido contactados para trabajar en otro país, lo aceptaron sin importar las condiciones laborales. A ello se suman las condiciones indignas y antihigiénicas del lugar donde se alojaban", afirmó la Cámara.
Se analizaron, a su vez, fotografías e imágenes del allanamiento en DVD y las declaraciones testimoniales, todas en el mismo sentido.
Todo ese marco, argumentó la Cámara, "da cuenta de que frente a tales necesidades, los trabajadores naturalizaron su condición de explotados, situación de la cual el imputado habría obtenido un beneficio económico".
Es decir que se configuró el delito porque el comerciante interfirió en el "libre y voluntario ámbito de determinación" individual de los trabajadores.