Fijan fecha de juicio a un narco de los “pesados” en la región
La Justicia le prorrogó la preventiva, al menos hasta el debate previsto en septiembre, a Ramiro Aristimuño, domiciliado en Punta Alta. La misma medida recayó en Pedro D'Albora, un posible puntero.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de esta ciudad programó para mediados de septiembre el juicio a Ramiro Ariel "El Rata" Aristimuño, catalogado como uno de los narcos más peligrosos de esta zona, al igual que a otros tres procesados que, aparentemente, vendían droga bajo sus órdenes.
Aristimuño fue detenido hace dos años en la vecina localidad y continuará preso al menos hasta el debate, a raíz de que el TOCF dispuso prorrogar por tres meses su prisión preventiva, a partir de su vencimiento este lunes, “y/o hasta la culminación del juicio oral”, según lo que ocurra primero.
Los defensores habían solicitado el arresto domiciliario para él y Pedro D'Albora, pero el tribunal no hizo lugar al pedido y, por el contrario, prolongó la medida coercitiva que ambos cumplen en la Unidad Penal Nº 4, de Villa Floresta.
Para el fiscal general ante el cuerpo de enjuiciamiento bahiense, Gabriel González da Silva, deben prorrogarse las medidas privativas de la libertad ordenadas sobre los acusados porque “subsisten los peligros procesales que fundan el mantenimiento de la prisión preventiva”.
Según el acusador, hay “pocas cuestiones pendientes” antes del desarrollo del debate oral, entre el 15 y 17 de septiembre, y “no se ha tornado desproporcionado el tiempo de detención de Aristimuño y D'Albora, teniendo en consideración la complejidad de la causa”.
La pena sería alta
González da Silva resaltó que la pena en expectativa es “grave” por estar en juego la aplicación de la agravante del artículo 11 de la Ley de Drogas (23.737), y agregó que “el riesgo de fuga aumenta a medida que se encuentra próxima la sentencia condenatoria”.
El fiscal planteó que los dos tienen antecedentes penales y se refirió a una “presunción fuerte” de que puedan “eludirse de la justicia en caso de morigerarse o cesarse la medida en las puertas del debate”.
La defensa de Aristimuño y D'Albora opinó, por su lado, que están detenidos desde el 19 de julio de 2019 y que en ninguno de los casos la fiscalía “logró explicar cuáles son los peligros procesales existentes” en la causa.
Consideró que una detención cautelar “no puede basarse en alegaciones genéricas” y añadió que “está en juego el principio de inocencia” que ampara a los detenidos.
La conversión en prisión preventiva de la detención de los nombrados se decretó el 15 de agosto de ese año y cuatro meses después el Juzgado Federal Nº 1 rechazó las excarcelaciones solicitadas, en tanto que el 10 de enero de 2020 la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la resolución.
Ambos detenidos están acusados de “comercialización de estupefacientes en calidad de autores, en concurso ideal con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
“Peligro procesal”
En su sentencia, los jueces del TOCF, Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Mario Tripputi, argumentaron que “la magnitud de la pena en expectativa (del delito mencionado) y la imposibilidad de condenación condicional son dos pautas legales establecidas expresamente en el Código Procesal Penal Federal para demostrar el peligro procesal y la procedencia de una o varias medidas de coerción combinadas que allí se establecen”.
“Sabido es que la amenaza de imposición de pena de efectivo cumplimiento resulta un elemento de relevancia para presumir que quien se encuentre en libertad intentará eludir el accionar de la justicia en el momento decisivo”, indica el dictamen.
A la hora de extender la preventiva, los magistrados además tuvieron en cuenta los antecedentes penales de Aristimuño, que el 30 de junio de 2010 fue condenado por la Justicia de Zárate-Campana a tres años y un mes de cárcel por robo agravado.
“A su vez debe tenerse en consideración que el 26 de diciembre de 2019 el coencartado fue declarado rebelde por el delito de amenazas agravadas (...)”, expresa el decisorio.
El TOCF bahiense también valoró los antecedentes de D'Albora, a quien la Justicia Correccional local impuso penas de seis meses de prisión por desobediencia y amenazas, y de un año y cuatro meses de prisión en suspenso en relación con el delito de tenencia simple de estupefacientes.
“Las circunstancias reseñadas demuestran la necesidad procesal de mantener la medida de coerción personal dispuesta oportunamente sobre Aristimuño y D'Albora, al existir peligro real de fuga y a los fines de asegurar la realización de la audiencia de debate”, fundamentaron Foglia, Sebastián y Tripputi.