Confirman una medida cautelar a favor de un cliente bancario que fue estafado
La Cámara Federal bahiense ratificó la orden al Banco Nación para que suspenda el cobro de cuotas de un préstamo que un consumidor engañado no había pedido. La venta de unas banquetas por un portal de clasificados disparó el delito.
La Cámara Federal de Bahía Blanca ratificó una resolución de primera instancia y ordenó al Banco Nación no debitarle, al menos por 3 meses, las cuotas de un crédito a un cliente que sufrió una estafa electrónica.
De esa manera los jueces Silvia Fariña y Pablo Larriera confirmaron la medida cautelar que había adoptado la jueza federal N° 2, María Gabriela Marrón, en agosto pasado a favor de G.K., un hombre vulnerable económicamente, que está a cargo de una familia con dos hijos (uno de ellos discapacitado) y que además del préstamo que no pidió debe afrontar una cuota mensual de unos 20 mil pesos, por un crédito hipotecario que sí solicitó.
La decisión judicial no resuelve el fondo del caso sino que es preventiva, para evitar un perjuicio al denunciante que después no pueda ser reparado, por el apremio económico que sufre para la subsistencia diaria de él y su familia.
G.K. fue víctima de un cuento del tío, como muchas personas.
El año pasado publicó a través del portal OLX la venta de dos banquetas de barra desayunadora de su hija, a un valor de 3 mil pesos.
Un supuesto interesado coordinó la compra, le pidió el CBU para la transferencia del dinero aunque luego le dijo que, por error, le había depositado 30 mil pesos y no 3 mil.
La víctima no observó ese monto en su cuenta, pero al rato recibió una llamada de un presunto empleado bancario, que le pidió que se trasladara hasta un cajero para subsanar el inconveniente.
Si bien G.K. se resistió, fue presionado hasta que cedió. Ya en el cajero lo engañaron y lo hicieron habilitar una clave token y sacaron un crédito de 300 mil pesos a su nombre, con cuotas mensuales de entre 32 mil y 34 mil pesos.
El mismo día del hecho, 18 de noviembre del año pasado, el hombre -asesorado por los abogados Valentín Fernández y Gustavo Germán Muiños- formuló la denuncia del caso en la fiscalía y se presentó en la OMIC y adjuntó copias de mails, recibos de sueldo y movimientos bancarios con descuentos.
También dijo que desde la Red Link le dijeron que habían solicitado a su nombre un crédito de 600 mil pesos, pero que el banco, teniendo en cuenta sus ingresos, solo lo aprobó por la mitad.
No chequeó la identidad
La fiscalía actuante consideró que el Nación pudo realizar algún análisis o evaluación superior de la situación y que no corroboró, como debía, si estaba efectivamente ante el cliente.
Los camaristas atendieron esos argumentos y consideraron correcta la decisión de la jueza de primera instancia, al menos hasta que se defina el fondo de la causa.
Fariña y Larriera explicaron que las medidas cautelares buscan tutelar derechos en tiempo oportuno para evitar daños irreparables en medio de un proceso judicial.
Y en ese contexto consideraron a la víctima como "vulnerable económicamente", con "escasos ingresos" para hacer frente a una familia, un crédito hipotecario y un descuento por un crédito que no pidió y del que ya le descontaron varias cuotas.
"Se trata en definitiva de cautelar a la parte más débil dentro del vínculo jurídico y de proteger los ingresos mensuales de... (G.K.), sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el marco de la causa principal", explicó la Cámara.
También destacó que, ante el "exponencial aumento" de este tipo de delitos, el Banco Central dictó la comunicación A N° 7319, para establecer requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con la tecnología informática y recursos asociados para las entidades financieras.
En esa resolución se indicó, con carácter de obligatorio para los bancos, que antes de la autorización de un crédito preaprobado "la entidad debe verificar fehacientemente la identidad de la persona usuaria de servicios financieros involucrada".