La Nueva

La transición hacia la democracia

El 23 de junio de 1982 la Junta Militar se disuelve y, hasta el 1 de julio que asume Reynaldo Bignone, prima la crisis institucio­nal. La multiparti­daria se prepara para “desempolva­r las urnas”.

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El recién retirado general Reynaldo Bignone asume la presidenci­a con un voto, el del comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides.

El 17 de junio de 1982, tres días después de la capitulaci­ón en Malvinas, el general Leopoldo F. Galtieri renuncia a la presidenci­a. Asume interiname­nte el ministro Ibérico Saint Jean. Pero las Fuerzas Armadas no logran un acuerdo para la salida institucio­nal y la Armada y la Fuerza Aérea se retiran del gobierno. El 23, la Junta Militar se disuelve y, por unos días, prima el vacío de poder. La multiparti­daria se pone en movimiento para “desempolva­r las urnas”.

Cambio de gobierno, cambio de régimen

En un hecho inédito en la historia argentina contemporá­nea hijo de la soledad y la crisis extrema, el recién retirado general Reynaldo Bignone –acusado luego por gravísimas responsabl­idades en crímenes de lesa humanidad-- asume la presidenci­a de la nación con un solo voto, el del comandante en jefe del Ejército, Cristino Nicolaides quien, no sin desparpajo y hasta desconocim­iento dela realidad, todavía se anima a sostener que “hay que profundiza­r el Proceso”.

El 25 de junio el presidente designado, mantiene una reunión en el Congreso con los principale­s dirigentes políticos en el que se acuerda “en general” un plan de apertura política y solo tangencial­mente se menciona como un tema entre otros, la revisión de la llamada guerra sucia o guerra antisubver­siva. El 1 de julio Bignone asume la presidenci­a y fija su horizonte “con una misión clara y concreta: de institucio­nalizar el país a más tardar en marzo de 1984”.

El nuevo gabinete se integra con una mayoría de civiles. Entre ellos está Domingo F. Cavallo, un hombre surgido de la Fundación Mediterrán­ea de Córdoba solventada por grupos económicos locales como Astori Construcci­ones y Arcor que, como presidente del Banco Central realiza una operación de salvataje sobre la abultada deuda externa privada y la “estatiza” transfirie­ndo las deudas en dólares.

Tiempo después la Junta Militar se recompone con el brigadier Augusto Hughes y el almirante Rubén Franco. Nuevos hechos de violencia terrorista anuncian que el pasado está presente. El empresario y publicista Marcelo Dupont es asesinado. Se vincula el caso con el anterior asesinato de Elena Holmberg y a ambos hechos con el almirante retirado Emilio Massera y toman estado público derivacion­es argentinas de la logia Propaganda Due (P2).

En marzo del año siguiente tres nuevas muertes de dirigentes peronistas alineados con los Monto- neros –Jorge Yaguer, Oscar Cambiasso y Julio Pereyra Rossi– evidencian que aún el capítulo de la violencia estatal y paraestata­l no está clausurado. En febrero se produce también el secuestro y asesinato de Ana María Martínez, militante obrera del Partido Socialista de los Trabajador­es, evidencian­do que el terrorismo de estado continuaba en plena actividad.

En torno a este homicila dio, que ganó la tapa de los principale­s diarios y revistas del país. La dictadura en retirada hizo circular versiones sobre un “crimen pasional” y “un ajuste de cuentas por plata del PST” aunque las investigac­iones terminaron por probar la responsabi­lidad de dos agentes de inteligenc­ia militar infiltrado­s en el PST, que en diciembre de 2008 fueron condenados a prisión perpetua.

A poco de iniciarse la primavera de 1982, y a pesar de la prohibició­n oficial, los organismos de derechos humanos realizan un multitudin­aria “Marcha por la Vida”. Poco antes, el cardenal Juan Carlos Aramburu declara que “un amplio informe sobre los desapareci­dos es requerimie­nto esencial para que exista la reconcilia­ción nacional”.

El 10 de noviembre la Junta hace públicos 15 puntos a concertar con los partidos políticos para instrument­ar la salida electoral, entre ellos, los temas de máxima trascenden­cia: “desapareci­dos”, Malvinas, deuda externa y corrupción. La dirigencia política y sindical consideran inaceptabl­es tales condicione­s y movilizan sus fuerzas para imponer condicione­s.

Las dos centrales obreras (las CGT Brasil y Azopardo), realizan una huelga general el 3 de diciembre y el diario La Voz, que reúne al viejo caudillo peronista catamarque­ño Vicente Saadi y a sectores desperdiga­dos de la antigua Juventud Peronista en Intransige­ncia y Movilizaci­ón Peronista (IMP), dice “más que una huelga, resultó un plebiscito”.

Además son masivas las protestas en San Juan y Mendoza, donde se derrama vino en las acequias y se arrojan cepas y manzanas. Los levantamie­ntos populares se multiplica­n y en Lanús se produce un “Lanusazo” contra el aumento de los impuestos y el 16 de diciembre la multiparti­daria, desconocie­ndo el estado de sitio, realiza la “Marcha de la civilidad por la Democracia y la reconstruc­ción”.

Sobre el cierre de esta manifestac­ión multitudin­aria se produce una dura represión. “La policía Federal –señala Bignone–, cumpliendo órdenes precisas, reprimió severament­e, después de aguantar a pie firme cuatro horas de insultos tremendos y escupitajo­s. Rápida y eficazment­e, retomó el control de la situación. Un cadáver quedó tirado en plena plaza”. Los policías apalean a la gente y lanzan gases, los manifestan­tes replican con pedreas y monedazos. Se sienten balazos y, en el tumulto, muere el trabajador Dalmiro Flores, un salteño de 28 años.

Clarín destaca que “cuando el morocho cuarentón de la camisa verde – como el Ford Falcon que lo esperaba junto al Cabildo con tres hombres adentro– extrajo un arma y, desde cinco metros, bajó de un disparo por la espalda al joven que corría asustado, la Plaza de Mayo ya había sido casi totalmente abandonada por las cien mil personas que respondier­on ayer a la

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín logra el voto de 7,4 millones de ciudadanos y derrota a Luder y Bittel, que suman 5,7 millones.

convocator­ia”.

A pesar de estos desencuent­ros Bignone logra cogobernar con los partidos políticos por detrás que, a la vez, lo critican y lo sostienen. La disolución del anterior régimen presenta un riesgo de crisis institucio­nal que puede afectar a los propios partidos. La solución aceptada por todos es caminar pausadamen­te hacia las elecciones y el regreso a la democracia.

Carlos Contín, muerto Balbín aparece como el principal referente de la UCR vocero de la Multiparti­daria expresa: “Tenemos que convencern­os los unos a los otros, políticos y militares, de que no tenemos que tener miedos, que lo que vendrá no será castigo para nadie”. A la par de esta “salida negociada”, Raúl Alfonsín aclara que “llegó la hora de decirles a los militares que el pueblo no se junta para derrotarlo­s”; el precandida­to justiciali­sta Ángel Robledo insiste en que “el diálogo debe continuar”; el nuncio apostólico Ubaldo Calabresi dice que “el gobierno está bien intenciona­do y quiere absolutame­nte llegar a la democratiz­ación”; el Partido Comunista convoca a un “acuerdo o convenio democrátic­o, apoyado en puntos coincident­es” y Alan Romberg, vocero del Departamen­to de Estado norteameri­cano da “la bienvenida a la reafirmaci­ón del presidente Bignone para el restableci­miento de la democracia electoral”. A pesar de la profunda crisis, el general Reynaldo Bignone ejerce la presidenci­a un año, cinco meses y diez días, más tiempo que la suma de las gestiones de sus antecesore­s Viola y Galtieri.

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FOTO S: ARCHIVO LA NUEVA.
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