Río Negro: aprobaron la creación de una zona franca en el área de Sierra Grande
Habrá un ente de promoción y fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la ZF que se prevé instalar en Punta Colorada.
La Legislatura de la provincia de Río Negro sancionó por unanimidad las leyes que establecen las condiciones para producir hidrógeno verde y la que crea el Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca en Sierra Grande.
Con relación a esta última iniciativa, la legisladora Roxana Fernández (JSRN) explicó que se enmarca en la ley nacional de Zona Franca y tiene su antecedente en la ley aprobada por la Legislatura rionegrina el año pasado, por la cual se ratificó el convenio firmado por el Ejecutivo nacional y provincial para otorgar la zona franca en Sierra Grande, especialmente en Punta Colorada.
Se trata de un ente autárquico que buscará constituir un Comité de Vigilancia que fiscalice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el futuro concesionario y promueva la radicación de empresas en la zona.
La legisladora señaló que el órgano de gobierno y administración estará compuesto por un directorio con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, de la Municipalidad de Sierra Grande, y de las entidades empresarias de la producción.
Destacó además que “estamos frente a la zona franca más grande del territo- rio nacional, que comprende 643 hectáreas que son propiedad de la provincia” y que “fue un proceso que se trabajó con mucha anti- cipación buscando la posibilidad de generar un despegue económico en una zona tan castigada como es Sierra Grande”.
En cuanto a la norma para producir hidrógeno verde, el legislador Sebas- tián Caldieron (JSRN) detalló que la ley dispone las condiciones para la concesión de tierras a través del cobro de un canon de alrededor de 25 dólares por año por hectárea de tierra en producción, y de un dólar y medio por año por la tierra que todavía no se produce.
Además se prevé la obligatoriedad del uso exclusivo de las tierras para el proyecto presentado, con un plazo de concesión de 50 años, prorrogable por 25 años más.
La norma dispone que el dinero percibido por esta