El duelo entre Aramburu y Sabattini
El dirigente radical cordobés fue clave para abortar la reforma constitucional promovida por el dictador en 1957.
Alo largo de la historia y en diversas latitudes, los gobiernos autoritarios propiciaron reformas constitucionales con la intención de reforzar su poder y legitimar su dominación. Los militares brasileños en 1967, los dictadores uruguayos y chilenos en 1980, los presidentes de Turquía y Venezuela en nuestros días son ejemplos ilustrativos. También en Argentina hubo ensayos análogos.
Hace 60 años, en 1957, el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu convocó a una reforma constitucional con el fin de eliminar la constitución peronista de 1949 y modificar la de 1853. Su objetivo era crear una nueva arquitectura institucional que eliminase para siempre la posibilidad de un resurgimiento del peronismo.
Las elecciones de convencionales constituyentes fueron convocadas para el 28 de julio de 1957. Aunque por motivos diversos la mayor parte del arco político acogió con benevolencia la iniciativa, hubo una voz que desde el interior del país hizo escuchar con fuerza su disidencia: la de Amadeo Sabattini. Desde su mirada, Aramburu representaba un gobierno de facto que carecía de legitimidad para reformar la Constitución Nacional. Distancias
En rigor, Sabattini ya había tomado distancia del gobierno de Aramburu el año anterior. En junio de 1956, Aramburu respondió con la ley marcial y con fusilamientos al intento de los militares peronistas de ocupar la Escuela Mecánica del Ejército, la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo y el Regimiento 7 de Infantería de La Plata.
En esas circunstancias, Sabattini pidió una reunión urgente del comité provincial de la UCR que resolvió enviar un telegrama a Aramburu (fechado el 10 de junio y firmado por Eduardo Gamond y Justo Páez Molina): “En nombre de las mejores tradiciones argentinas, solicitamos el cese de los fusilamientos”.
Asimismo, el 11 de junio, en una reunión de dirigentes nacionales del partido radical, los sabattinistas Santiago del Castillo y Eduardo Gamond expresaron idéntica condena a los fusila- mientos, por ser contrarios a la dignidad humana y al espíritu radical.
Al mismo tiempo, Sabattini sostuvo que el gobierno debía convocar “lo más pronto posible” a elecciones generales y se mostró contrario a cualquier reforma constitucional. En declaraciones de agosto de 1956 al periódico Propósitos, que se editaba en Buenos Aires, sostuvo: “A este gobierno de militares, que ya cumplió su misión y que le pedimos que se aleje cuanto antes, ¿le podemos pedir que reforme la Constitución (...)? ¿Le podemos pedir a los militares que nos den una constitución?”.
En abril de 1957, el congreso provincial del Movimiento de Intransigencia Nacional, sector interno del radicalismo que respondía a Sabattini, fue testigo de la apasionada condena al ensayo de reforma constitucional emprendido por Aramburu.
El Congreso resolvió: 1) exigir al gobierno nacional la realización de un plebiscito “para ver si el pueblo quiere o no tal reforma”. 2) En caso de realizarse, los afiliados radicales deben votar por la negativa. 3) En el supuesto de ganar el sí, “el gobierno deberá delegar el poder en la Asamblea Constituyente”. En otras palabras, la Asamblea Constituyente debería, en ese caso, poner fin al ciclo militar. Tensiones y decisiones
En contraste con esta postura, los otros sectores internos del radicalismo aprobaron la iniciativa militar: tanto Ricardo Balbín (líder del Movimiento de Intransigencia y Renovación) como Miguel Ángel Zavala Ortiz, Carlos Perette y Mauricio Yadarola (dirigentes del núcleo Unidad Radical) consideraron conveniente la reforma constitucional.
Para ellos, el período posperonista exigía un acto fundacional que permitiera institucionalizar y proyectar en el tiempo la Argentina que emergía de la llamada “Revolución Libertadora”.
La alianza de balbinistas y unionistas permitió echar por tierra en la Convención Nacional partidaria las expectativas del sabattinismo favorables a boicotear los comicios: se aprobó la concurrencia a las elecciones constituyentes, aunque con un programa de 21 puntos de reformas que incluían los derechos sociales, la reforma agraria y el carácter inajenable del petróleo argentino.
En los comicios del 28 de julio celebrados en Córdoba, el partido radical que se presentó con el nombre de UCRP (Unión Cívica Radical del Pueblo) derrotó por más del doble de votos a la Ucri (Unión Cívica Radical Intransigente), liderada en el plano nacional por Arturo Frondizi.
En el resto del país la diferencia a favor de la UCRP fue de sólo dos por ciento de los votos. El contraste entre ambos resultados favorecía la proyección nacional del sabattinismo cordobés.
Desde el exilio, Juan Domingo Perón ordenó votar en blanco: en Córdoba acataron su orden alrededor de 224 mil personas, lo que fue la segunda preferencia electoral, por detrás de la UCRP, que había computado más de 270 mil sufragios.
El papel clave del sabattinismo en la Convención Constituyente reunida en Santa Fe era retratada por la revista porteña “Sabattini, que no se mueve de Córdoba, es el personaje político de quien depende la futura actitud reformista en la Constituyente. Si los 19 convencionales de Sabattini resuelven retirarse de la Convención de Santa Fe, el asunto de la mayoría se convierte en un hueso duro de tragar... En caso de que los 19 sabattinistas declaren nula la Asamblea, también los frondizistas tendrán que tomar la misma actitud ya proclamada antes de las elecciones”.
En efecto, nada aseguraba Así: el éxito de la Convención: el sabattinismo contaba con 19 de los 75 convencionales de la UCRP, y la Ucri –en virtud del sistema electoral proporcional adoptado para los comicios– sumaba 77 convencionales. Contubernio, no
En la última semana de agosto de 1957, Ricardo Balbín cruzó lo que la prensa denominaba la “cortina de peperina” (en irónica analogía con la “cortina de hierro”) para entrevistarse en Villa María con el hermético líder del radicalismo cordobés. Trató de convencerlo para impedir que sus convencionales se retirasen de la asamblea. Fue en vano, Sabattini se mantuvo firme. Imperturbable, expresaba: “Constitución de 1853 sí, contubernio no”.
El radicalismo de Córdoba se dio el lujo de imponer a uno de los suyos, Ignacio Palacios Hidalgo, como presidente de la Convención Constituyente. Pero tras el restablecimiento de la Constitución de 1953 y la introducción del artículo 14 bis de derechos sociales, sabattinistas y frondizistas optaron por retirarse.
José Aguirre Cámara, dirigente del Partido Demócrata de Córdoba, le comentaba en una carta a Emilio Olmos: “El sabattinismo acaba de producir aquí la destrucción de la asamblea reformadora”.
Ciertamente, tras el retiro de los sabattinistas, la Convención continuó sesionando, pero sus horas estaban contadas. En un último intento por salvarla, Aguirre Cámara presentó un proyecto de compulsión por la fuerza pública de los diputados que habían abandonado la Convención.
El cordobés Palacios Hidalgo, quien pese al retiro de su bloque siguió presidiendo las sesiones, se opuso de forma rotunda: “No se puede dictar una constitución”, afirmó, “con diputados compelidos por la policía”.
El sueño fundacional de Aramburu, una nueva constitución para un nuevo país, había caído herido de muerte. Su ocaso desnudaba tanto los límites del poder militar como la incapacidad de los actores políticos para ponerse de acuerdo en torno a las reglas del juego institucional.