Las promesas incumplidas de las Paso
Más allá de las intenciones con las que se implementaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los hechos muestran que faltó la voluntad política de asumir la verdadera reforma democrática a la que apuntaban.
El próximo 22 de octubre se desarrollarán las elecciones generales para la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso argentino. Se elegirán 127 diputados nacionales de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el período 2017-2021, y 24 senadores nacionales en algunas provincias para el período 2017-2023.
No obstante, el proceso electoral comienza el 13 de agosto, ya que, de acuerdo con la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, las elecciones generales deben ser precedidas por las Paso, esto es elecciones primarias (determinación de las candidaturas), abiertas (participan todos los ciudadanos, estén o no afiliados), simultáneas (todos los candidatos dirimen al mismo tiempo) y obligatorias (para todos los ciudadanos en condiciones de votar, y para todos los partidos y alianzas, aun cuando presenten lista única de precandidatos) a los fines de definir las candidaturas que se presentarán en octubre.
Además de Argentina, otros países latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela) introdujeron regulaciones sobre la modalidad en que los partidos deben elegir a sus candidatos, con la pretensión de fomentar la competencia interna y de reducir la centralización en las nominaciones.
La experiencia comparada muestra que hay países donde se realizan elecciones internas y estas se encuentran reguladas (Argentina), y países sin regulaciones donde se realizan elecciones internas (por caso, el Frepaso en Argentina a finales de los años ’90).
A su vez, las regulaciones sobre elecciones primarias no son homogéneas, ya que estas pueden ser abiertas o cerradas, separadas o simultáneas, con financiamiento público o no, etcétera.
En Argentina, mediante la sanción de las Paso, los ciudadanos están obligados a votar, y la clase política se autoobliga –por ordenamiento jurídico– a emplear mecanismos participativos para la selección de las candidaturas.
Balance
Tras ocho años y cuatro elecciones (2011, 2013, 2015 y 2017), es hora de un balance.
Las Paso son necesariamente efectivas para definir dos cuestiones directas e inmediatas. Una, cuáles son los partidos/alianzas habilitados a presentarse a elecciones nacionales (aquellos que obtengan al menos el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos en el distrito). Y otra, las listas que representarán a cada partido/alianza en aquellas elecciones.
En contraste, las Paso han demostrado ser inefectivas en términos de cambiar las prácticas del funcionamiento partidista. En última instancia, como medida institucional, aspiran a democratizar internamente (al menos en un aspecto, el método de selección de las candidaturas) a los partidos, a producir cambios organizativos en las prácticas con una modalidad institucionalizada de resolver conflictos internos entre facciones y disputas por el liderazgo, combatiendo modos propios de la política tradicional de centrar las nominaciones en las cúpulas o en un líder.
El supuesto consiste en que es más democrático elegir candidatos mediante mecanismos competitivos de elecciones abiertas a la participación ciudadana, en que esta medida democratizaría internamente a los partidos –como lo enuncia el título mismo de la ley que las regula– y en que disminuiría la distancia entre ellos y los ciudadanos.
Idealmente, la introducción de las Paso podría enfrentar de manera directa la selección informal y discrecional de candidatos, renovar las estructuras tradicionales de los partidos, mitigar el control monopólico de las cúpulas sobre las candidaturas, introducir mayor transparencia, amplificar los debates y fomentar la circulación de información entre militantes y ciudadanía. Por cierto, una valiosa, ambiciosa y –por qué no– verosímil promesa de democratización de la representación en un contexto de extendido descrédito de los partidos ante la opinión pública.
Corresponde interrogar si esto ha sucedido. ¿Los partidos gozan de mayor democracia interna cuando emplean mediante regulaciones mecanismos en los que participa un mayor número de actores? Sin dudas, la generalización de asistir con lista única a elecciones internas es tergiversar y neutralizar la intención reformista.
El poder de las elites
La experimentación de las primarias en Argentina ha mantenido el statu quo y reforzado el poder de las elites en el control partidista, lo que ha aumentado incluso la desconfianza de los ciudadanos.
La introducción de las Paso ha sido incapaz de remover los métodos de autodesignación, mecanismo esencial de control político-partidista, y frente al dilema entre el derecho de participación democrática de los ciudadanos y el derecho de autoorganizarse de los partidos, ha prevalecido, indudablemente, el segundo.
Más allá de las regulaciones, han operado con fuerza elemen- tos que condicionaron la promesa de modificar las prácticas partidarias.
¿Cuál ha sido el condicionante principal? La indisposición de las elites a implementar los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento partidista, es decir, la voluntad política, un elemento que puede hacer fracasar cualquier reforma democratizadora.
Sólo cuando los políticos perciban que tener organizaciones democráticas y participativas resulta beneficioso en términos electorales, encontrarán incentivos para impulsar elecciones internas. Se trata de que ellos mismos deseen e impulsen los cambios, ya sea con la noble pretensión de revertir el desencantamiento ciudadano y fomentar la construcción de una democracia de más calidad, ya sea por un incentivo mucho más modesto de mera necesidad electoral, si es que los ciudadanos deciden castigar en las urnas a aquellos que no ejerzan la democracia interna en sus partidos. * Investigadora y docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Directora de la Maestría en Gestión Política UCC