Guerrilla. El atentado más sangriento de Montoneros
ANTICIPO. En “Masacre en el comedor”, Ceferino Reato reconstruye la historia de la bomba que estalló en el edificio de la Policía Federal en 1976 y dejó un saldo de 23 muertos y 110 heridos.
Los Montoneros usaron una bomba vietnamita para destruir el Casino –que es como los policías llaman al comedor– de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno 1417 del barrio porteño de Monserrat, a una cuadra del Departamento Central de Policía, seis del Congreso y 10 de la Casa Rosada, el viernes 2 de julio de 1976 al mediodía, ya en plena dictadura.
Veintitrés personas murieron y otras 110 resultaron heridas, varias con secuelas muy graves por las mutilaciones provocadas por la onda expansiva de ese tipo de bombas, mientras comían los platos buenos, abundantes y baratos del comedor, que también estaba abierto a empleados de negocios y empresas del barrio.
Montoneros afirmaba que buscaba eliminar preferentemente al personal superior de la Policía Federal, en tanto “centro de gravedad” de la represión ilegal de la dictadura, pero de los 23 muertos sólo dos eran oficiales y de muy baja graduación. Siete de las víctimas fatales ni siquiera cumplían tareas policiales: el encargado del comedor, el cajero, un mozo, un enfermero, un bombero, un suboficial retirado que estaba haciendo su changa de repartidor de pan y una empleada de YPF. Hubo cinco mujeres entre los fallecidos.
Sangre y justicia
Fue el atentado guerrillero más sangriento de los ‘70 –una década plagada de muertes– pero también de la historia del país hasta el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba destruyó la Amia y dejó 85 víctimas fatales. Mató más que el ataque terrorista contra la embajada de Israel, de 1992. Y habría matado más aún si Montoneros hubiera logrado su propósito original de derribar todo el edificio.
Fuera de nuestras fronteras, continúa siendo el mayor atentado contra una dependencia policial en todo el mundo. Ninguna otra policía recibió un golpe así.
Desde un punto de vista estrictamente militar, el atentado fue una obra maestra del muy eficiente servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros, y de la secretaría Militar de la cúpula guerrillera, de la cual dependía en forma directa. Y una prueba de por qué Montoneros se había convertido el año anterior, en 1975, en la guerrilla urbana más poderosa en toda la historia de América latina.
(…)
Hacía más de tres meses que la dictadura había comenzado y el comedor estaba localizado en la planta baja de un edificio en el cual ya había celdas diminutas –“tubos”– en un par de pisos, ocultas al público y a la mayoría del personal policial; allí se torturaba a detenidos desaparecidos, que no estaban asentados en el registro oficial de presos, según comprobó el Nunca Más, el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
A pesar de todas esas características que lo vuelven un hecho periodístico único, es un atentado del que no se habla. No hay –hasta ahora– ningún libro ni, mucho menos, un documental. En los aniversarios de la masacre del comedor policial, apenas aparece una noticia suelta en algunos diarios.
Salió sí el tema en todos los medios de comunicación cuando la Justicia –primero la jueza federal María Servini de Cubría en 2006 y luego la Corte Suprema en 2012– rechazó una denuncia contra los presuntos autores del atentado, entre ellos el ex número uno de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, Pepe, y el periodista Horacio Verbitsky, que fue miembro del aparato de Inteligencia e Informaciones de ese grupo guerrillero.
Todas las instancias judiciales coincidieron en que el ataque no debía ser ni siquiera investigado porque había pasado demasiado tiempo y, en consecuencia, estaba prescripto. No fue considerado un delito de lesa humanidad, como solicitaban los abogados de algunas de las víctimas del estrago, sino un delito común.
Y esa siguió siendo la interpretación de la Justicia cuando en noviembre de 2021 un grupo de abogados solicitó nuevamente que se castigara a sus autores.
De esta manera, al finalizar este libro el ataque guerrillero más sangriento de los ‘70 seguía sin haber sido investigado nunca por la Justicia: no lo fue durante la dictadura y tampoco desde el retorno a la democracia, el 10 de diciembre de 1983.
¿Por qué la bomba en el comedor policial, con 23 personas que murieron destrozadas por horribles heridas mientras almorzaban en el peor atentado de la historia hasta 1994 –por otro lado, una perfecta operación militar de Inteligencia– no interesaba a ningún periodista o historiador?
Creo que un libro como este no entra en el paradigma que todavía predomina en el abordaje de nuestra historia reciente por parte del periodismo y también de los historiadores. La masacre en el comedor es un hecho maldito, castigado, cancelado; no se debe escribir sobre ella.
Cuestión de paradigma
Desarrollé el tema de los paradigmas en la introducción de mi libro Operación Traviata, a la cual remito. Solo enfatizaré aquí que, como decía el profesor Thomas S. Kuhn, el paradigma orienta a cada uno de los miembros de una comunidad en todo el sentido de la palabra: les señala cuáles hechos merecen ser investigados y cuáles no.
Kuhn se refiere a los científicos y yo me permití extrapolar el concepto a los periodistas; en su opinión, el día a día de las comunidades científicas es más aburrido de lo que se cree ya que “no aspiran a producir novedades importantes, sino solo a aumentar el alcance y la precisión con la que puede aplicarse el paradigma”.
En el caso del paradigma todavía dominante sobre los ’70, tan fomentado por el kirchnerismo, se trata de consolidar el relato sobre lo que pasó en aquella década: una lucha entre buenos y malos, entre militantes idealistas que encarnaban los verdaderos intereses del pueblo contra militares y policías armados por las oligarquías locales y sus mandantes del imperialismo estadounidense, con la complicidad de los monopolios periodísticos, los políticos corruptos, los sindicalistas traidores y la clase media colonizada.
En su versión más pura, el paradigma oficialista determina que conviene abundar en hechos y en situaciones que ensalcen a los guerrilleros, transformándolos en defensores de la democracia y los derechos humanos; en fervientes luchadores contra la dictadura y el terrorismo de Estado. Nos indica básicamente que tenemos que escribir bien sobre los buenos y mal sobre los malos. Y que si debemos elaborar un libro sobre un hecho polémico de las guerrillas —un secuestro, por ejemplo—, ocultemos algunas cuestiones que pongan en duda las virtudes esencialmente heroicas de aquella juventud maravillosa.
Ese paradigma nos señala, además, que no debemos referirnos a los pagos que pudieran haber recibido los guerrilleros o sus herederos en virtud de las cinco “leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, sancionadas por el Congreso desde 1994 –con el consenso de casi todos los legisladores– y de sentencias judiciales que ampliaron la interpretación de esas normas. Ni, mucho menos, a la llamativa ausencia de indemnizaciones, subsidios o pensiones graciables para las víctimas de los grupos guerrilleros, tanto en la dictadura como durante la democracia.