La inflación sí que es para todos y todas Rubén Curto
En la administración de la ciudad de Córdoba, hay cuestiones que se “ideologizan” al extremo, pero con protagonistas que asumen roles y posiciones alternativas, según el lado del mostrador que ocupen en cada momento: lo que desde el oficialismo es defendido con fervor, luego desde el llano es defenestrado.
Los dos casos emblemáticos, e igualmente “tabúes”, son los aumentos impositivos y en la tarifa del transporte urbano.
Parece que hablar de esas cuestiones en la Capital es sacrílego. Aun cuando todos nos quejamos a diario de la inflación que nos come los bolsillos, igual preferimos suponer – casi mágicamente– que a la gestión del Estado le resulta inocuo el corrimiento mensual de precios y que ello no tiene correlato luego en las obras y servicios que hay que afrontar.
¿Es una posición progresista no actualizar las tasas para obtener una simpatía ciudadana de corto alcance y sacar rédito político? ¿Lo es desfinanciar el Estado?
Estas preguntas nacen de una co-
rroboración estadística. Basta con repasar cómo resignó recursos el municipio en los últimos años por distintas vías: la rebaja impositiva del 30 por ciento que dispuso Germán Kammerath en 1999; la cerrada negativa de Luis Juez a subir tasas, y el tibio intento de Daniel Giacomino por actualizar impuestos (revaluó en 2009, pero después ya no tuvo poder político para mantener esa línea).
Para la Municipalidad de Córdoba, siempre fue muy difícil aplicar y explicar aumentos, pese a que esa misma receta se acepta como natural en otras ciudades y en la Provincia, y por valores similares.
Claro está que la otra cara de la moneda es cómo se gasta el dinero recaudado. Si la mayor tajada va para el Suoem o los servicios se prestan en forma deficiente, seguramente, corresponde poner el foco ahí. Es razonable.
Una suba de tasas del 29 por ciento no parece estar alejada del contexto inflacionario que vive el país. Salvo que uno elija creer que los precios son, efectivamente, los que mide el Indec.
La mayoría de los municipios ajusta anualmente sus tasas. Pero, en la Capital, esa decisión es todo un trauma.