El pago extra genera rechazo en empresarios

Buenos Aires. Estatales sí, comercio no. Mecánicos y metalúrgicos, posiblemente. Bancarios, casi seguro que sí. Empleados de Pyme y textiles, casi seguro que no. A tres días de haberse acordado el pago de un bono de dos mil pesos en la mesa tripartita del Diálogo para la Producción y el Trabajo, espacio donde el Gobierno sentó a cámaras empresarias y sindicalistas de la CGT, la puja no perdió intensidad.

Mientras varios representantes empresarios avisaron que no podrán pagar el bono, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, ayer marcó la cancha para despejar dudas: “El bono es para todos los trabajadores, es imperativo para todos”, remarcó.

Las alertas en la CGT se encendieron ni bien terminó la cumbre. Aún estaba fresca la tinta del acta firmada que desde distintos sectores empresarios surgieron reparos y resistencias.

José Urtubey, senador nacional y además vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtió que el pago del bono dependerá de cada sector. “Cada empresa tiene una realidad distinta. Desde la UIA, se firman 800 convenios colectivos y 400 acuerdos sindicales, y hay diferentes realidades que vive la matriz industrial”, argumentó. “La fórmula que se aceptó es que se abrirán negociaciones; el bono no es obligatorio porque si no se hubiera hecho por decreto”, se atajó otro UIA, Daniel Funes de Rioja, empresario titular de la cámara de alimentos.

El presidente de la Fundación PRO Tejer, Jorge Sorabilla, entidad que agrupa a empresas textiles, adelantó que “no se pagará bono de fin de año”.

La prioridad, señaló, es mantener “puestos laborales y pagar salarios”. Explicó que la actividad del sector cayó un 25 por ciento.

Desde la atomizada representación de las Pyme, tampoco se digirió el bono. “No vamos a pagar el bono, ese dinero ya fue acordado en paritarias”, avisó Osvaldo Cornide, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), dijo que “sin asistencia del Estado, no se podrá pagar el bono”.

El Gobierno salió a aclarar en la voz de Marcos Peña. El jefe de Gabinete explicó que el documento firmado “es una declaración política, no es un decreto ni una orden judicial”. Dentro de Cambiemos, y sobre todo dentro del PRO, quiere evitarse que la negociación del bono se lea “como una intervención del Gobierno”.