Los conflictos de intereses en el poder, nuevo foco del reclamo social
El acuerdo con el Correo volvió a foja cero, pero surgió un nuevo reclamo político. Qué son y para qué sirven los fideicomisos ciegos. A nivel internacional, hay experiencias en las que el patrimonio de un presidente es intercambiado por completo por otro
El presidente Mauricio Macri dispuso volver a foja cero el acuerdo entre el Estado y una empresa vinculada a su familia: Correo Argentino SA. Pese al anuncio, quedó instalado en la agenda política un tema en el que el país tuvo pocos avances: la regulación del conflicto de intereses en el máximo nivel institucional.
La oposición en el Congreso, encabezada por el massismo, reclamó conocer si Macri tiene acciones o el usufructo de estas en el Correo dentro del fideicomiso ciego que creó en 2016 para que una empresa privada administre sus bienes hasta seis meses después de haber finalizado su mandato.
Es que si bien el actual presidente cedió sus acciones de la Sociedad Macri (Socma) a sus tres hijos en 2014, la oposición presume que aún podría conservar algún derecho sobre estas. Lo que se especula en el entorno de Sergio Massa es que, más que beneficiar a su padre, Franco Macri, el acuerdo Correo-Estado podría beneficiar al jefe del Estado.
Aunque ninguna ley obliga a que un funcionario deposite su patrimonio en un fideicomiso, Macri decidió incluir allí parte de sus activos. Lo hizo tras anunciar, en una entrevista exclusiva con La
Voz, el 4 de abril de 2016, cuál sería su respuesta a la denuncia conocida como Panamá Papers.
Según un contrato firmado 10 días después, la firma Seguridad Fiduciaria SA, a cargo de José María Fernández Ferrari, administra la participación accionaria y privada de Macri en 4 Leguas SA, Agro G. SA, Molino Arrocero Río Guayquiraro SA, María Amina SA y en su participación del fideicomiso Inmobiliario Camino.
Según se informó entonces oficialmente, el contrato de fideicomiso ciego fue rubricado ante el escribano Jorge Ledesma, titular del registro notarial número 189 de la Ciudad de Buenos Aires, y le otorga al flamante fiduciario la “administración libre y en forma discrecional de tales bienes y cualquier otro” que Macri resuelva “transferir en el futuro”.
El presidente no podrá “comunicarse directa o indirectamente con el fiduciario o sus empleados, representantes, agentes o personas relacionadas con el mismo”, y se abstendrá “de solicitar información relativa al destino de los bienes fideicomitidos y su evolución patrimonial”, según se dejó asentado en el contrato.
De acuerdo con la última declaración jurada disponible en la Oficina Anticorrupción, el patrimonio del Presidente asciende a 110 millones de pesos. La cifra colocada en el dispositivo de fideicomiso fue de 44 millones. La duda de los opositores es si las acciones del Correo están allí comprendidas o no, y si Macri tiene participación.
Ya en 2015, una vez ganado el balotaje, Macri hizo público que evaluaba poner su fortuna en un fideicomiso ciego, para garantizar transparencia. El objetivo de ese dispositivo es evitar el conflicto de intereses entre el patrimonio de un funcionario y el desempeño en la función pública.
Así, la persona que va a ejercer el cargo cede la administración de sus negocios a un tercero que, se supone, es independiente. Se lo denomina “ciego” porque el funcionario ignora el manejo de sus bienes durante el tiempo suscripto y, por lo tanto, no puede dar instrucciones sobre su administración.
Los fiduciarios deben ser ins- tituciones financieras supervisadas por el Banco Central. Esta metodología se utilizó en países como Estados Unidos, Australia y Canadá, así como también en Chile, cuando el empresario Sebastián Piñera se convirtió en presidente.
Sin embargo, este último no sería hasta el momento el mejor de los ejemplos para seguir: el superintendente de Valores y Seguros del gobierno chileno, Carlos Pávez Tolosa, afirmó que el mecanismo implementado por el expresidente no tenía “validez” y que “el denominado fideicomiso ciego que Piñera argumentaba no era ciego ni tuerto, sino que gozaba de excelente visión”.
Rocío Noriega, asesora para temas de ética pública en el área de gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y exinvestigadora de Transparencia Internacional, explicó a La Voz que la figura de fideicomiso ciego en Chile “aún no se ha dado de acuerdo con los estándares internacionales, esto es, que el administrador de los activos los liquide en su totalidad y compre nuevos activos”.
“Esa es la única forma de que sea verdaderamente ciego. La ley de probidad y conflictos de intereses aprobada hace poco regula en Chile el fideicomiso ciego, así que apenas se verá cómo funciona. Entregar la administración de los activos a un tercero, aunque exista en el contrato prohibición de comunicación, no evita los conflictos de intereses, porque la persona sabe exactamente en qué tiene invertido su dinero, es decir, no es ciego”, afirmó.