César y Milagro
Edgardo Moreno
No lo hará Cristina Fernández. Ni Hebe de Bonafini ni Estela de Carlotto. Si los Tribunales federales de Córdoba deciden que César Milani debe seguir detenido, ningún referente de la política de derechos humanos de la década pasada iniciará ninguna campaña para su liberación con una máscara similar a la que hicieron para reclamar por Milagro Sala.
La defensa de quien fue jefe de la Inteligencia Militar y luego de todo el Ejército, pese a las objeciones por su actuación durante la última dictadura, pidió la detención domiciliaria citando doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es que la Corte Suprema argentina ha venido sosteniendo un criterio menos concesivo sobre la libertad a los imputados por delitos de lesa humanidad.
Esta diferencia emerge en un momento clave. El máximo tribunal argentino acaba de emitir un fallo de especial relevancia. Estableció que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia de apelación local y rechazó revocar una sentencia propia, en una decisión que le valió críticas como las del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que la consideró como una “regresión en la jurisprudencia” argentina sobre el sistema interamericano de derechos humanos.
La Corte Suprema explicó que su resolución “no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la Corte Interamericana, sino entender que la obligatoriedad que surge del artículo 68.1 (de la Convención Americana de Derechos Humanos) debe circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene competencia el tribunal internacional”.
El juez Raúl Zaffaroni, exintegrante del máximo tribunal argentino y ahora miembro de la Corte Interamericana, criticó el fallo. Reclamó que las decisiones de la Corte Interamericana se apliquen sin las reservas que acaba de advertir la Corte Suprema argentina.
Tampoco él dirá nada sobre Milani. Llegado el caso, Zaffaroni tendría que optar entre la jurisprudencia regional a favor de su libertad y la que firmó en sus tiempos en la Corte argentina, a favor de la detención.
Y no es que Zaffaroni sea hombre de cuidarse como magistrado en el anticipo de opinión. En el caso Milagro Sala, no sólo hizo pública militancia a favor de su liberación. También sugirió caminos jurídicos para obtenerla: acudir a la Corte Suprema argentina, para que le reconozca a Sala fueros como parlamentaria del Mercosur. Como tenía José López, el de los bolsos.
O para que una previsible declaración de incompetencia –en respeto de los procesos todavía en curso en la Justicia provincial jujeña– habilite el pedido de una cuarta instancia de hecho ante el tribunal regional, que él mismo integra.
Zaffaroni asimiló los procesos contra Milagro Sala a los que se han iniciado contra la expresidenta Cristina Fernández, a la que acompañó en el acto público que ella montó en su primera comparecencia ante el juez Claudio Bonadio.
La lógica que aplica Zaffaroni es explícita: el liberalismo doctrinal se esfuerza por mantener la pureza de sus principios sobre la independencia de poderes y el cumplimiento de las leyes para mejor ocultar la opresión. Un gobierno que –según su mirada– gobierna sólo para los sectores más concentrados de la economía, usa las leyes al mero efecto de hostigar a los luchadores sociales.
Por eso existe la máscara para reclamar por Milagro Sala y no aparecerá jamás una por César Milani. Por mucho que el general se enardezca en su discurso nacional y popular, fue para el kirchnerismo sólo un espía necesario. En su caída, nadie lo reconocerá como propio.
El sociólogo Marcos Novaro describió hace poco con precisión la consecuencia de esta lógica: si fracasan en juzgar y condenar a Sala, será más fácil detener los juicios contra Cristina y sus funcionarios.
Pero advirtió que hay un efecto aún más relevante. Si se detiene a la Justicia jujeña, el colectivo social del reclamo con máscara seguirá siendo el mejor contrapoder de las instituciones liberales. De las que ese colectivo se vale al sólo efecto de construir las condiciones favorables para su detonación.
El azaroso contraste que ofrecen ahora las prisiones de Sala y Milani exhibe la duplicidad moral del kirchnerismo y de su política de derechos humanos.
Un cinismo ético autojustificado en el relato de una supuesta revolución. Argumentando, como el filósofo Maurice Merleau Ponty, que una revolución no define el delito según el derecho establecido, sino según el de la sociedad que pretende instaurar.
César Milani fue para el kirChnerisMo sólo un espía neCesario.