Jóvenes detenidos
La psicóloga asegura que, cada año, son decenas de miles los jóvenes detenidos por “actitudes sospechosas”. Dice que la Policía es el “brazo ejecutor” que interpreta los prejuicios sociales.
Según la psicóloga Andrea Bonvillani, decenas de miles de jóvenes son detenidos cada año por supuestas actitudes sospechosas en Córdoba. La experta en la problemática, afirma que el nuevo Código de Convivencia no ha revertido la situación.
Hay jóvenes que en dos años fueron detenidos 20 veces o que no pueden ir al centro de la ciudad de Córdoba porque son interceptados al pisar la plaza San Martín. Hay violencia social que termina en un “juvenicidio” o, lo que es lo mismo, en la muerte silenciosa de jóvenes de sectores populares que son víctimas de la estigmatización de agentes policiales que encarnan el racismo de parte de la sociedad.
Así resume Andrea Bonvillani, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la situación de una enorme porción de pibes de zonas marginales que continúa siendo detenida por “portación de rostro” y ve vulnerado su derecho ciudadano a habitar las ciudades como los demás.
Bonvillani trabaja hace más de una década sobre esta problemática desde la perspectiva de la psicología social y política y, recientemente, sobre la relación de los chicos con la policía.
Días atrás, brindó su declaración testimonial en el pedido de
habeas corpus solicitado por ONG contra operativos policiales ocurridos en mayo de 2015 en barrios de Córdoba que incluyeron detenciones arbitrarias masivas.
–¿Qué le ocurre, en lo personal, a un joven que es hostigado de manera sistemática por su apariencia o detenido por su lugar de residencia?
–Tenemos casos de jóvenes que en dos años fueron detenidos más de 20 veces. Todo eso supone una dimensión dramática en su vida cotidiana, en sus vínculos, en su posibilidad de estudiar y trabajar. Son situaciones de las cuales no alcanzamos a tener real dimensión porque es poco probable que a personas de clase media nos ocurran.
–¿Se sabe cuántos jóvenes son afectados?
–Uno de los grandes problemas es que la Policía de Córdoba no da cifras oficiales acerca de las detenciones que ocurren en la vía pública. Lo último que tenemos son datos de 2011 que indican que hubo 73 mil detenciones arbitrarias. Es decir, desde el pedido de identificación hasta situaciones de maltrato, de abuso, de violencia física, psicológica, amenazas y golpes que hasta pueden derivar en la muerte de algunos jóvenes. No se trata de jóvenes que son detenidos por la comisión de un delito; se los detiene por la sospecha de que potencialmente pudieran realizar el delito.
–¿En qué se suelen basar esas sospechas?
–En esas sospechas se alojan los prejuicios del agente policial, que se expresan en el aspecto externo de los jóvenes, en determinadas características fisonómicas, su color de piel, pautas estéticas y modos de habitar la ciudad que generalmente están vinculados a una cultura popular. También a un modo de vestir, de peinarse, de presentarse frente al otro. Eso estaba en una figura del Código de Faltas que se derogó recientemente y que se denominaba “merodeo”. Ese nombre se cambió en el nuevo Código de Convivencia ciudadana que empezó a regir en abril de 2016, pero sigue teniendo el mismo efecto porque contiene un artículo denominado “actitud sospechosa”.
–Entonces, las detenciones siguen ocurriendo…
–Cifras de fuentes judiciales in- formales nos indican que la proyección va a ser similar a la que existía antes de la aplicación del Código de Convivencia. No tenemos cifras oficiales, sino la experiencia de trabajo con los jóvenes en los barrios que nos indica que estas prácticas siguen existiendo en su vida cotidiana. Estas actitudes hablan tanto de la creencia que tiene el policía, como de un imaginario social que hace que ese policía actúe lo que sectores hegemónicos piensan y sienten sobre los jóvenes de sectores populares. El policía es el brazo ejecutor de un Estado que genera políticas públicas represivas. En realidad es la representación de un síntoma social, de una sociedad que cree que deteniendo, controlando, amenazando, hostigando sistemáticamente a los jóvenes de sectores populares queda a salvo de situaciones de violencia, de delito, de inseguridad. Pero en realidad, los delitos no cesan por esas prácticas, y lo que estamos generando es la institucionalización de un prejuicio social.
–¿Esa discriminación policial es una cuestión de poder?
–Pueden ser condiciones subjetivas del policía o de la institución policial. Yo pienso que es una combinación de ambas, que hace que una institución que es autoritaria, verticalista, con situaciones probadas de delincuencia, se monte sobre estructuras que tienden a la perversión. No es un policía, es la institución.
La sociedad cree que deteniendo a estos chicos queda a saLvo de La inseguridad. eso no es así. Los chicos muertos como “chivos expiatorios”
–¿Alcanza con capacitar a policías para revertir esa mirada prejuiciosa sobre los jóvenes de sectores populares?
–No se trata de capacitación. Se trata de reflexionar de forma crítica sobre cómo procedemos con estos jóvenes. Somos una sociedad que celebra que el Estado haya incrementado en la última década su presupuesto policial en un 700 por ciento mientras que en el rubro vinculado a los docentes el incremento fue de un 13 por ciento. Son procesos más complejos que tienen que ver con la concientización, con la crítica y el sinceramiento acerca de cómo estamos pensando la seguridad como sociedad. La seguridad no puede basarse en matar a un joven que funciona como un “chivo expiatorio” de todos esos males sociales. Se me hace difícil pensar en una transformación mientras sigamos teniendo un Estado policial, un Estado que da claras muestras de que lo que más le interesa es reprimir a los jóvenes de sectores populares capitalizando esta creencia social que los hace equivaler con la delincuencia. Eso hay que ponerlo en crisis porque esa equivalencia se está llevando puesta la vida de los jóvenes pobres. Es un ‘juvenicidio’ sistemático de pibes.
–Esta situación que parece afectar sólo a un sector, ¿cómo repercute en lo social?
–Estos fenómenos que estoy describiendo deberían remitirse a un antes de nacer. Son jóvenes que provienen de familias a las cuales se les dice permanentemente “que se embarazan por un plan”. Ese niño, de entrada, carga con ese estigma social de un origen socialmente devaluado. De ahí hay que empezar a reconstruir una larga historia de sistemáticos procesos en distintas instituciones que van configurando una determinada subjetividad, a la cual le va a costar mucho autopercibirse con competencias y posibilidades. Va a tender a pensarse o sentirse desacreditada, devaluada. Hay chicos que apenas ponen un pie en la plaza San Martín son detenidos.