Los conceptos en juego y las experiencias en otros países
El sistema político argentino se encontró con el debate sobre el conflicto de intereses después de casos como el de la expresidenta Cristina Fernández, sus inversiones hoteleras en El Calafate y sus vínculos con contratistas del Estado como Lázaro Báez.
Y con la idea del fideicomiso ciego tras el caso conocido como Panamá Papers, en el que es investigado Mauricio Macri.
En Chile, la discusión se activó antes, cuando Sebastián Piñera, accionista y presidente de la aerolínea LAN y poderoso actor financiero, accedió a la presidencia.
Seis meses antes de su asunción, el capítulo chileno de Transparencia Internacional elaboró un documento, a pedido del PNUD, sobre las normativas recomendables para evitar la colisión de intereses públicos y privados.
Duda razonable
Según ese trabajo, “el conflicto de interés se produce cuando los intereses privados de un funcionario o autoridad pueden verse afectados, a favor o en contra, por el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades públicos. Si hay una duda razonable sobre la percepción que existe entre el interés privado y las acciones del funcionario publico, este enfrenta un conflicto de interés”.
En algunos casos hay intereses económicos privados, donde el peligro de estar en presencia de un conflicto de intereses es elevado.
Es allí donde la legislación debe encargarse de “regular la entrega de aquellos activos que puedan causar dicho conflicto para ser administrados por un tercero independiente (fideicomiso ciego), de manera de asegurar que prevalezca el interés general en las decisiones que debe adoptar la autoridad o funcionario llamado a ejercer un cargo público”.
Pese a estas previsiones, la efectividad de esta figura no es unánimemente aceptada en la legislación comparada. Según Transparencia Internacional, “la ley canadiense hace una segmentación sobre los activos de un funcionario público. Especifica con claridad qué activos pueden generar un potencial conflicto de interés y establece que un funcionario público y su familia no pueden ser titulares de activos controlados”.
No obstante, se autoriza la creación de un fideicomiso ciego regulado, sin importar el monto del patrimonio del funcionario y de su familia. En la legislación de Canadá no está permitido que el funcionario revoque voluntariamente su fideicomiso ciego.
En Estados Unidos se utilizan dos tipos de fideicomisos, establecidos por ley en 1978. Pero no confían sólo en esa figura. Existen: “la inhabilitación voluntaria de participar en un proceso si hay un interés financiero, la divulgación de la declaración patrimonial, la enajenación de los activos financieros que causen el conflicto de interés, la obtención de una dispensa del jefe de la agencia para participar en el proceso, el uso de fideicomisos ciegos autorizados, o la transferencia del cargo”.
La legislación norteamericana está siendo puesta a prueba de forma muy intensa desde que el magnate Donald Trump accedió a la presidencia. Ya hubo fuertes controversias sobre la participación del presidente, familiares y allegados en negociaciones. Incluso por presiones públicas de Trump a los shoppings Nordstrom, en beneficio del emprendimiento comercial de su hija Ivanka. Reino Unido y Australia Según Transparencia Internacional, en el Reino Unido “los ministros de la Corona sí tienen reglas escritas respecto de las herramientas para evitar conflictos de intereses. Cuando acceden al cargo, deben entregar su declaración de intereses incluyendo aquellos de su cónyuge o pareja y familia directa”. Pero el fideicomiso ciego ya no está regulado en el Código de los Ministros de 2007.
Otra monarquía europea, la de la casa de Borbón en España, acaba de atravesar un duro trance por un conflicto de intereses. La hermana del rey fue absuelta tras un largo juicio en el que tuvo que comparecer en tribunales, pero su esposo fue condenado a prisión por traficar influencias.
De acuerdo con el informe del PNUD, el fideicomiso ciego se consideró en Australia “sólo como una herramienta temporal para evitar conflictos de intereses. Los ministros pueden conservar la propiedad de acciones u otros intereses que no provoquen un conflicto de interés, pero se les prohíbe la compra o venta de acciones durante su administración”.