Fuerte polémica entre Suvico y los countries

La Cámara de la Propiedad Horizontal demanda a Pedrocca.

Ataque. El titular del gremio de los vigiladores (Suvico) aseguró que los administradores de countries venden seguridad y cobran expensas muy altas, pero no invierten en vigilancia y control.

Contraataque. Anoche, la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba salió en defensa de los administradores de consorcios y conjuntos inmobiliarios y anunció que demandará al sindicalista por sus dichos.

Un policía privado por cada uno público, ¿es mucho o es poco? ¿Significa una resignación del Estado a una de sus funciones básicas, que es la de velar por la seguridad de todos sus ciudadanos? ¿Es la aceptación tácita de que lo que hace es insuficiente? ¿O de que es incapaz? Considerando que la inseguridad es la preocupación ciudadana número uno de la sociedad desde hace años, ¿vamos hacia ciudades divididas por la grieta entre quienes se pueden pagar la vigilancia y los que están del otro lado, librados a la suerte de arreglarse como pueden?

Para el flamante secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak, la tasa de uno a uno dista mucho todavía de lo que sucede en otras ciudades, aun las desarrolladas. En América latina, el promedio es de dos privados por uno estatal. En Brasil hay cuatro agentes privados por cada policía, en Guatemala cinco y en Honduras casi siete. En la ciudad de Buenos Aires, los vigiladores privados son 36 mil, frente a 21 mil policías.

En Córdoba, en 2005, los agentes de policías eran 14.746. Hoy, al menos en los papeles, son 22.807: 58 por ciento más. Entre los vigiladores privados, el crecimiento fue similar.

Pero la inseguridad está lejos de ser morigerada. “El avance de las empresas privadas es mundial y lleva medio siglo”, sostiene Federico Lorent Valcarce, especialista en seguridad e investigador del Conicet. “Es una oferta que existe en el mercado, para bien o para mal, pero que vende la promesa de que van a proteger al cliente, que compra la esperanza de tener algún tipo de resguardo”, dice.

“Nadie le puede garantizar la seguridad, porque es un trabajador que no está armado, con una calificación limitada, ganando poco y en un contexto de incremento del delito”, sostiene. Admite que cumplen una función “preventiva y disuasiva”, pero que se trata de un fenómeno “que vino para quedarse” y que los estados deben regular.