Los puntos más conflictivos de la nueva norma
La ley nacional 26.331 obliga a las provincias a actualizar el mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos cada cinco años. Para Córdoba, ese plazo venció en 2015. Durante 2016, la Secretaría de Ambiente de la Provincia formó una mesa de diálogo con el objetivo de actualizar y mejorar esa herramienta, ya que la que incorpora la actual ley de bosques es deficiente.
Sin embargo, a fines de 2016, legisladores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de ley para cambiar no sólo el mapa, sino también la ley. Esa decisión encendió la polémica. El argumento es que la actual normativa no protegía los bosques y dificultaba el desarrollo productivo del norte y del noroeste cordobés.
La Provincia entregó material técnico al Poder Legislativo para que elabore el mapa correspondiente, aunque esa tarea debe realizarla la autoridad de aplicación (Secretaría de Ambiente).
El mapa es el punto clave. Debe categorizar a los bosques nativos según el grado de conservación y las actividades productivas permitidas. Las entidades rurales piden que se reduzcan las áreas pintadas como bosque nativo que figuran en el mapa actual y que se permita realizar ganadería con un sistema silvopastoril en un sector más amplio que el actual.
Ecólogos, ambientalistas y el movimiento campesino reclaman que se conserven las hectáreas actualmente protegidas. La razón es que los bosques nativos son ecosistemas clave para la regulación hídrica y climática, la protección de la biodiversidad y la subsistencia de comunidades campesinas. También aducen que la normativa nacional fija un principio de no regresividad.
El mapa actual incluye casi cuatro millones de hectáreas en las categorías amarilla y roja. Los datos científicos estiman que existen unos 3,6 millones de hectáreas con bosque nativo. Para las entidades rurales, Córdoba debería incluir dos millones de hectáreas.