Por un manejo transparente de las fianzas
Una insólita situación se produce en el Poder Judicial de Córdoba sobre el tratamiento y la devolución de las fianzas realizadas por personas que fueron acusadas y luego liberadas o condenadas en ese ámbito.
Las fianzas se constituyen a través de un depósito de dinero en efectivo o con la caución de bienes reales, para garantizar la presencia y obediencia de los actos jurídicos por parte de individuos o empresas que están sometidos a un proceso judicial.
Ese requisito es fijado por un juez o una cámara y su monto guarda relación con la gravedad del delito y las condiciones del acusado, entre otras cuestiones.
Pese a que estos elementos están tipificados en el Código Procesal Penal, no hay, por el contrario, un reglamento o protocolo sobre cómo deben actuar los magistrados para preservar el valor del dinero o de los bienes entregados para lograr la libertad del acusado.
La inflación que registra la Argentina en forma cíclica es una de las razones por la que debería adoptarse ese reglamento, ya que la persona tiene el derecho de recuperar los bienes entregados en custodia.
La necesidad de ese instrumento administrativo no sólo permitiría guiar la actuación de los jueces de los distintos fueros, sino también mantener el poder adquisitivo de lo otorgado como fianza.
Respecto de los bienes, el reglamento debería hacer recaer tal obligación en quien entrega su patrimonio en caución, pues ciertos bienes pueden sufrir también un fuerte desgaste o depreciación por su uso o el paso del tiempo. En este caso, la ejecución de la fianza sería negativa para la autoridad judicial y hasta onerosa, si representa un valor insignificante.
Pero el reglamento en cuestión debiera avanzar también sobre la transparencia en el manejo de tales recursos y en el debido reintegro a los individuos o empresas que cumplieron con tales garantías.
Este diario relevó diversas situaciones en las que los dineros depositados aún no fueron reintegrados a sus legítimos propietarios, aun cuando el proceso judicial ya concluyó.
Además, pese al pedido de los damnificados, los tribunales actuantes no pudieron verificar cuál fue el manejo de esos fondos mientras estuvieron depositados.
Los tribunales de Familia colocan esas garantías a plazo fijo, con renovación automática, para que los beneficiarios puedan recuperar el monto actualizado. Lo contrario implicaría la licuación de tales bienes.
La actuación de jueces y magistrados no es uniforme, por lo que para dotar de transparencia al instituto jurídico de las fianzas debe establecerse un procedimiento que despeje cualquier duda sobre el manejo de los bienes. Más aún si esto sucede en el ámbito del Poder Judicial.