Señales necesarias
La causa judicial por delitos de corrupción que conmueve a Brasil e impacta de lleno sobre gran parte de su dirigencia política, denominada “Lava Jato”, comienza a golpear el escenario argentino.
Un arrepentido que colabora con la Justicia brasileña declaró por teleconferencia ante el fiscal Federico Delgado y ratificó sus denuncias contra el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, formuladas en su momento ante el juez brasileño Sergio Moro.
Delgado investiga si se pagaron coimas por una planta potabilizadora en Tigre, Buenos Aires, dependiente de Aysa, que estaba bajo el mando del exministro de Planificación Julio de Vido. El brasileño arrepentido admite haber sido el encargado de pagar las coimas de la empresa constructora Odebrecht.
Esa coima en particular rondaría los 850 mil dólares y se habría pagado a través de una serie de transferencias bancarias a una cuenta radicada en Suiza. El beneficiario habría sido Arribas, quien negó todo a principios de este año, tras una investigación del diario La Nación.
Por supuesto, una declaración en sede judicial tiene mucha más relevancia que un artículo periodístico, por muy intachables que sean las fuentes consultadas por el autor de la nota. Con todo, la Justicia argentina debe completar una serie de medidas de prueba para corroborar las afirmaciones del brasileño arrepentido. Por caso, solicitar vía exhorto copia de la documentación que respalde los dichos del declarante.
Estamos ante el principio de una compleja red de causas judiciales que habrá que seguir con suma atención. La empresa Odebrecht reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que en nuestro país, entre 2007 y 2014, pagó coimas por unos 35 millones de dólares.
Si la obra de Tigre representa menos de un millón, ¿a dónde se destinaron los otros 34 millones y fracción y en qué manos terminaron? La empresa le habría propuesto a Delgado identificar a todos los que cobraron, si se firma un acuerdo de cooperación.
Mientras la Justicia investiga, Arribas debería dejar su cargo. Por voluntad propia o por expreso pedido del Presidente, como se prefiera. Pero no es una buena señal que el jefe de la Inteligencia de cualquier país sea investigado por corrupción. Cuando se publicó el artículo de La
Nación, varios miembros del Gobierno nacional reaccionaron negándole veracidad. El propio Arribas se presentó ante una comisión bicameral del Congreso para asegurar su inocencia. La diputada Elisa Carrió promovió la denuncia penal por la cual el fiscal Delgado recogió esta semana el testimonio del arrepentido brasileño. La situación cambió de modo drástico. Su apartamiento, al menos mientras se sustancia la causa, sería una buena señal.