Publicar los sueldos
Lo dijo Marina Carbajal, funcionaria de la Nación. Avaló la decisión del municipio de Córdoba.
“La gente tiene derecho a saber cuánto y quiénes cobran en el Estado”, dice Marina Carbajal, secretaria de Asuntos Públicos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior. Avaló la decisión del municipio cordobés de publicar esos datos.
Marina Carbajal está a cargo de una secretaría, cuyo nombre casi no entra en su tarjeta personal: de Asuntos Públicos y Fortalecimiento Institucional, que depende del Ministerio del Interior y Obras Públicas. La función es facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública.
“Estamos trabajando para salir de una cultura del ocultamiento a una cultura de la transparencia de la función pública”, dijo la funcionaria, que días pasados estuvo en Córdoba y se reunió con 30 intendentes del interior.
Si bien no fue consultada por la Municipalidad de Córdoba, la funcionaria, que depende del ministro del Interior Rogelio Frigerio, avaló que se difundan los nombres y los montos que cobran los empleados municipales.
“Saber cuánto y a quiénes se les paga un sueldo del Estado –en este caso, un municipio– es de interés público y está regido por la ley de información pública 27.275, que garantiza ese derecho”, dijo.
Aunque aclaró que no se pueden
publicar otros datos personales. “No se pueden difundir datos personales. No estoy al tanto de lo que sucedió en Córdoba y cuál es el reclamo del gremio, pero existe el derecho de conocer esa información, resguardando los datos personales”, fundamentó.
–¿Fue consultada por la gestión del intendente Ramón Mestre? –No, no tuvimos ninguna consulta al respecto. –¿Cuál es la función de su secretaría?
–Pese a que tiene un nombre largo, el objetivo es claro: trabajamos para facilitar al ciudadano el acceso a la información de los distintos organismos públicos. Que la gente sienta que el Estado está cerca. Una de las funciones básicas de la democracia es el control de los gobiernos por parte de los ciudadanos. El acceso de la información pública es un derecho que tenemos todos y que está en la Constitución Nacional. Se puede decir que esto viene del 25 de mayo de 1810, cuando el pueblo quería saber de qué se trataba. –¿Es una forma de combatir la corrupción?
–Sin dudas. Aunque la secretaría no tiene esa función específica, que está en manos de otros organismos, es cierto que si la gente tiene mayor acceso a la información pública puede hacer un mejor control social de los gobiernos. Esa es una de las premisas fundamentales que planteó el presidente Mauricio Macri en el inicio de su gestión: transparentar todas las decisiones que se toman en el Estado, porque el ciudadano es quien paga los impuestos y tiene
derecho a saber cómo se gastan los fondos públicos. –¿Colaboran los funcionarios del Gobierno nacional?
–Absolutamente. Porque, como le dije antes, tenemos la ventaja de que el Presidente respalda nuestra tarea, y todos los funcionarios públicos que asumieron en esta gestión conocen esta decisión. Macri también lo remarca en cada uno de sus mensajes. Es un cambio cultural. Pasar de la cultura del ocultamiento a la de la transparencia. Esto no es sólo responsabilidad de los ministros o funcionarios políticos, sino también de los empleados públicos, que son servidores y deben estar al servicio de la gente.
–El Estado más cercano para la gente son los municipios. ¿Cómo trabajan con ellos?
–Concentramos energías y recursos para asesorar a los intendentes para poder responder a los requerimientos de sus vecinos.
–¿Cuáles son los principales requerimientos que la gente le hace al Estado nacional?
–Algo muy importante, y que también nos reconforta en nuestra tarea, es que la mitad de los pedidos de información son de ciudadanos comunes, no de organizaciones no gubernamentales (ONG), profesionales, dirigentes políticos o periodistas.
Empresarios y universidad
El Grupo de Entidades Empresariales de Córdoba (G-6 Córdoba) rechazó las declaraciones y las acciones de representantes gremiales y empleados del municipio de la ciudad de Córdoba e hizo un llamado a “respetar los derechos de la ciudadanía”.
“Las amenazas y declaraciones vertidas por representantes gremiales del Suoem en contra del acceso a la información sobre el destino de los fondos públicos del municipio constituyen una clara lesión a la vida democrática de nuestra comunidad”, aseguró.
En el mismo plano se pronunció la Universidad Siglo 21, que reclamó a la Justicia y organismos regulatorios que actúen “de inmediato acorde a la ley” y que no permitan “la intimidación, la extorsión, la violencia y el miedo”.