Malos ejemplos en la Justicia
El Consejo de la Magistratura –que juzga la conducta de jueces y fiscales federales– aprobó un dictamen sobre el enriquecimiento ilícito en el que, presuntamente, incurrió el camarista Eduardo Freiler, aunque no lo suspendió en sus funciones.
La investigación seguirá su curso, pero es improbable que el magistrado sea sometido a un jury de enjuiciamiento para evaluar su conducta y saber si incurrió en algún delito al no poder justificar el sustancial incremento de su patrimonio. Freiler omitió, además, presentar declaraciones juradas sobre sus bienes.
El Consejo necesitaba una mayoría para decidir la suspensión del magistrado, pero esta no se logró por la negativa del representante de los sectores académicos, Jorge Candis. En un primer momento, apoyó el dictamen y la suspensión de Freiler, pero luego retrocedió ante la presunta presión de un núcleo kirchnerista, que considera al cuestionado juez clave en las causas que tienen como imputados a la expresidenta Cristina Fernández, a sus hijos y a sus supuestos testaferros.
En la práctica, el magistrado ya se pronunció en diversas resoluciones a favor de la expresidenta y de sus familiares, pese a que los restantes integrantes de la Cámara Federal que él integra votaron en contra.
La sospechada actuación de Freiler en la Justicia federal se condice con los pasos dados por la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, quien pese a las acusaciones en su contra aún permanece en el cargo.
La lupa sobre la actuación de los jueces también alcanza a Rodolfo Canicoba Corral y a Daniel Rafecas. La investigación contra Norberto Oyarbide quedó trunca ante la apresurada renuncia del juez a su cargo.
Las sospechas en torno de este grupo de funcionarios judiciales manchan a la Justicia federal, que aparece como uno de los poderes más desacreditados.
Si bien existen jueces que revalorizan la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico y contra los fraudes al Estado nacional, la actuación de otros genera recelos y sospechas de que ciertos personajes políticos y sociales gozan de protección en el ámbito donde debieran ser juzgados.
Los magistrados deben ponerse a disposición de cualquier investigación que evalúe una acusación sobre presunto mal desempeño en sus funciones, corrupción o influencias políticas sobre determinadas causas.
La sociedad argentina es catalogada como transgresora de las normas. Ninguna reconstrucción moral será posible si el acatamiento a las disposiciones legales no se cumple por parte de los integrantes de los más altos poderes de la Nación.
Jueces y fiscales tienen por delante una tarea ciclópea para hacer cumplir la ley, pero también deben demostrar –para honrar sus cargos– un acatamiento sin excusas.