Piden retocar la ley de “registro de violadores”

Se presentó en la Legislatura Unicameral un proyecto que propone modificar parte de la ley 9.680 que creó el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, más conocido como “registro de violadores”.

Se trata de un trabajo de la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos), quien sostiene que el texto vigente y el de la reglamentación han llevado a que, en la práctica, se reduzca el alcance y el valor preventivo que tiene el Registro.

En la actualidad, el listado oficial que administra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia tiene poco más de 1.500 registrados. Y si bien la ley establece que los organismos públicos que trabajan con menores deben pedirlo y controlarlo para evitar que ingresen a trabajar individuos con este antecedente, la reglamentación redujo el ámbito de exigencia.

“Nos preocupa –dijo Montero– que la reglamentación reduzca la obligatoriedad de presentar los certificados a los establecimientos educativos y a los transportistas, ya que nos parece que todas las entidades o instituciones públicas, semipúblicas o privadas, en las que haya niñas, niños y adolescentes, deben tener un estricto control sobre las personas que allí trabajan, así como el Estado o los organismos correspondientes deben tener control sobre las distintas entidades”.

La parlamentaria puso como ejemplo los abusos denunciados en el Instituto Próvolo, de Mendoza, por parte de religiosos que tenían antecedentes de denuncias.

“En Córdoba, tenemos chicos bajo tutela estatal y la ley parece abarcarlos, pero la reglamentación se queda corta, y la realidad es que faltan precisiones”.