Un corazón azul para las víctimas de trata
Además de instituir un Día Mundial contra la Trata de Personas, la Organización de las Naciones Unidas creó el símbolo del corazón azul como emblema de la lucha contra ese ominoso delito. También es una forma de visibilizar su existencia, para tomar conciencia y sensibilizar a nuestra comunidad sobre las gravosas consecuencias y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran sus víctimas.
Factores tales como pobreza, desempleo, falta de educación, violencia o maltrato extremo, crisis humanitaria migratoria, guerras y marginalidad se erigen como tierra fértil para el accionar de explotadores en una compleja trama delictiva que no reconoce fronteras ni nacionalidades, y que logra despojar a las personas de sus derechos humanos, dignidad y libertad, convirtiéndolas en objetos, despojadas de toda capacidad de decisión, avanzando en una gradual despersonalización que avasalla su dignidad.
Pese a los ingentes esfuerzos de los estados, la trata de personas es un delito que, en la última década, se ubica entre las dos mayores formas ilícitas de carácter lucrativo, junto con el tráfico de drogas a nivel mundial. Las estadísticas indican que el 49% son mujeres; el 18%, hombres, el 21%, niñas y adolescentes, y el 12%, niños/adolescentes, según surge de los informes publicados por Naciones Unidas.
De esta manera, mujeres y niñas suelen ser explotadas con la finalidad de matrimonios forzados y esclavitud sexual; los hombres y los niños suelen serlo mediante el trabajo forzado en los sectores minero, rural o textil, o como soldados y esclavos.
Nuevas modalidades comienzan a presentar un crecimiento desmesurado y por eso la explotación con la finalidad de obtener niñas mulas, pornografía infantil, matrimonio forzado o adopción ilegal son detectadas a nivel mundial.
Argentina no resulta ajena a esta realidad. Se consolidó como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, tanto en su dimensión interna como transnacional. Esto significa que con el transcurso del tiempo se confirma como Estado permeable a la presencia de redes de trata de personas.
Si bien nuestro país se halla dentro del 85% que ha criminalizado el delito, lo que sin duda se presenta como dato positivo y demuestra esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas, es unánime el reclamo de organismos supranacionales en relación con el escaso índice de sentencias condenatorias, sin dejar de mencionar que las víctimas no siempre reciben la protección y los servicios que los países están obligados a proporcionarles.
La recomendación de Naciones Unidas es clara. Existe una necesidad concreta de invertir más recursos para identificar y asistir a las víctimas, así como en mejorar las acciones del sistema de Justicia penal para detectar, investigar y procesar con éxito los casos de trata de personas.
En el mismo sentido, apuntan las conclusiones del quinto Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, que se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, en junio pasado.
Las reflexiones intentan contribuir y fortalecer las agendas nacionales e internacionales, y debieran ser tomadas en cuenta por los diferentes actores en la órbita nacional así como en las provincias argentinas.
Como las acciones desarrolladas hasta el presente no bastan, se torna urgente poner énfasis no sólo en la persecución del delito y el castigo a los responsables, sino también en la atención y asistencia a las personas sujetas a la trata de personas, así como en el real acceso a la Justicia para garantizar la restitución de sus derechos. Es esta una responsabilidad ineludible e indelegable del Estado.
Cualquier política pública que pretenda luchar contra este terrible flagelo requiere de una real dimensión que equipare las medidas tendientes a la represión del delito (mirada jurídica) y las destinadas a la asistencia (mirada sociológica), con especial enfoque en los derechos humanos.
La voluntad política no es suficiente. Los principales obstáculos son la falta o el escaso presupuesto y las dificultades para la atención y asistencia de las víctimas.
Es también importante avanzar en una relación intrínseca entre desaparición forzada y trata de personas.
Si bien se advierten notables avances en el diseño y la implementación de los instrumentos jurídicos y las acciones del Estado, estos resultan insuficientes, ya que no se concretan o materializan en programas reales para la restitución y el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de trata de personas.
Fortalecer el diálogo y propender a una articulación regional, nacional y provincial como herramienta de trabajo operativo es una acción impostergable y pendiente en la Argentina para combatir esta violación extrema de los derechos humanos.
Es momento de combatir la indiferencia. Estamos ante una nueva oportunidad. * Docente e investigadora de la UCC, abogada en la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas
ArgentinA Se conSolidó como pAíS de origen, tránSito y deStino de lA trAtA de perSonAS.