La Corte de la dictadura, cuestionada
Fue durante el juicio a los magistrados del gobierno militar. Lo planteó un abogado de la defensa.
“Me hubiese gustado ver a algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia acusados. Ellos hicieron funcionar todo; avalaron todo el sistema de legitimidad (de la dictadura)”.
En un momento de su largo alegato en la causa de los magistrados, el abogado Marcelo Britos, defensor del imputado Carlos Otero Álvarez, puso las palabras en la llaga más profunda de la actuación de la Justicia durante los ensangrentados años en los que los derechos ciudadanos fueron conculcados. Estaba allí la impunidad original.
Luego, no hay modo de no concluir que la impunidad con la que se cometieron crímenes que ofenden a la humanidad no hubiera sido posible sin que buena parte de la Justicia actuara de un modo cómplice o al menos mirara para otro lado.
Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la dictadura designó a los cinco miembros nuevos de la Corte, que además de reconocer la validez del régimen, juraron por los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar, el Estatuto del proceso y la Constitución nacional.
Britos también mencionó la tarea de los asesores jurídicos de la dictadura, que proveyeron leyes y normas para legalizar abusos.
El alegato del abogado culminará el próximo lunes 23 con el pedido de absolución para Otero Álvarez, quien fuera secretario del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma.
La causa de los magistrados ha llevado a juicio la actuación de la Justicia Federal de Córdoba a través de cuatro imputados: Miguel Puga, Ricardo Haro y Antonio Cornejo, además de Otero Álvarez.
Fallecido en el año 1984, Zamboni Ledesma es algo así como el paradigma en la provincia de Córdoba de una conducta sistemática en favor de la impunidad represiva.
Britos adhirió a esta idea, aunque señaló que su fuerte carácter y su estilo personal de seguir las causa desligan a Otero Álvarez de cualquier responsabilidad. El exfiscal no estará en las audiencias sobre Venezuela. El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), dejará de dirigir la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela que impulsa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Su salida tiene lugar después de que varios medios publicaran que mientras estuvo en el cargo en La Haya, tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal.