Integración y concertación como fundamento de la democracia
En estos días previos a las elecciones legislativas, comenzaron a rodar opiniones y consideraciones sobre las intenciones del Gobierno nacional de iniciar el tratamiento de cuestiones relacionadas con los empresarios y los trabajadores en cuanto a posibles reformas laborales. También se habla de las innovaciones que se buscan en el régimen tributario y en las tarifas de los servicios esenciales.
Se puede suponer que el Gobierno nacional –según indican casi todas las encuestas– obtendrá un indiscutido triunfo y, aunque no le alcanzaría para contar con la mayoría en el Congreso, el resultado electoral valorizará aún más el propósito de convocar a las organizaciones sectoriales para tratar los proyectos que vienen reclamando.
Todos debiéramos coincidir en que el triunfo de una fracción política o de un partido sobre los demás no otorga privilegios, sino una mayor responsabilidad, sobre todo si consideramos que en una democracia no existen imposiciones de ninguna índole. Por lo tanto, en esta oportunidad, el poder concedido por el pueblo legitima aún más la convocatoria a la integración, los diálogos, el consenso y la concertación política y social.
Es que debemos superar los enfrentamientos internos que durante muchos años lograron hacer prevalecer los intereses políticos de un sector por sobre los demás, lo cual fue la causa principal de nuestro retroceso como país y como sociedad.
Un proyecto común
Dicha experiencia nos sirve para que no cometamos los mismos errores que, de nuevo, nos impedirían consensuar e integrar a la mayoría de los argentinos detrás de un proyecto común y trascendente.
Porque tanto en el sector privado como en el público aún vemos el mal proceder de dirigentes de distintos signos políticos que utilizan a las instituciones para fines inconfesables, en desmedro de la calidad de vida de los argentinos o malversando los recursos del Estado.
Pero eso no debe ser utilizado para ponernos en fiscales y acusar o utilizar el desvarío de los que delinquen para atacar a las instituciones o poner en duda la existencia, el rol y la función de ellas, como así tampoco menoscabar derechos consagrados por las leyes y la Constitución.
La realidad también nos muestra la existencia de dirigentes de muchas instituciones que están decididos a terminar con las lacras que han usufructuado de las divisiones y los enfrentamientos. Por encima de los derechos particulares y específicos de cada sector, está la defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto.
Desde este punto de vista, es fundamental que el pueblo argentino sea el que asuma un mayor protagonismo, a través de las entidades y los sectores que lo representan en la difícil tarea de apuntalar este ineludible proceso político y social que termine con privilegios y componendas.
Si hablamos de la sociedad en su conjunto, es porque la consideramos en toda su dimensión política, sectorial y social, o sea, representada tanto por los partidos políticos como por las organizaciones de empresarios, de trabajadores y de profesionales de la educación, la salud, el comercio, etcétera.
Por lo tanto, las reformas deben plantearse con el fin de poner a las administraciones públicas al servicio de la sociedad, y la sociedad al servicio de su propia realización. En ese sentido, resulta imprescindible que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad de formalizar los espacios institucionales para que los consensos decidan soluciones que trasciendan los períodos gubernamentales, ya que será muy difícil resolver litigios parciales en el contexto de un país que todavía no salió de la crisis.
Definiciones
Como síntesis, y en sintonía con estos conceptos, destaco algunas misceláneas del coloquio de Idea de Mar del Plata. Antonio Caló, líder de los metalúrgicos, dijo: “Descarto que sea necesaria alguna nueva ley, porque cuando nos sentemos en una misma mesa con los empresarios, cada gremio sabe qué plantear”.
En otro lugar del encuentro, Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, coincidía con las expresiones del sindicalista al sostener que “la discusión que se viene debe ser entre sindicalistas y empresarios, con el Gobierno como árbitro. Y nada más”.
Por último, rescato las expresiones de Javier Goñi, gerente General de Ledesma y presidente de Idea, cuando planteó un sinceramiento sobre la actuación de los empresarios en la crisis del país: “Nos duele el fracaso colectivo y no queremos ser parte de él. Nadie puede estar conforme con el 30 por ciento de pobreza que padece Argentina”.