Preocupa al Gobierno el alcance del fallo del juez
NINGUNA DE LAS CAUSAS QUE INVOLUCRAN A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ANTERIOR SE INICIARON DURANTE ESTE GOBIERNO.
El pedido de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento en la firma del Memorándum con Irán ha generado en algunos la falsa percepción de que el Gobierno de Cambiemos ha instigado de una u otra manera el desarrollo y desenlace actual de la causa.
Nada más lejos de la verdad. Ni el presidente Mauricio Macri, ni sus funcionarios y legisladores de Cambiemos, han tomado ninguna medida en ese sentido.
En relación a la designación de jueces, recordemos que el oficialismo actual no tiene mayoría ni quórum propio en el Congreso, por lo que –por ejemplo– en la Cámara de Senadores en estos dos años, las designaciones de jueces, fiscales y defensores han sido realizadas con el consenso de la oposición peronista y con sus votos.
La garantía de respeto de nuestro Presidente a la división de poderes ha producido que causas anteriores a la asunción del gobierno de Cambiemos tomen el cauce que corresponde y los jueces tengan la percepción de que sus acciones judiciales no serán reprochadas, sino respetadas.
Durante el anterior gobierno, legisladores y funcionarios K opinaban fuertemente sobre las sentencias y fallos de jueces, de manera pública y a veces a modo de reproche institucional. Eso no ocurre más.
En relación al Senado: la decisión de proceder al desafuero pedido por Bonadio no depende sólo del voto de los senadores de Cambiemos, se requiere del voto de la oposición. La negativa del cuerpo a hacer lugar al pedido conforme a la ley vigente tampoco impedirá que el proceso por encubrimiento siga su camino a la resolución final.
Finalmente, ni siquiera la calificación de “política” y de “persecución” que Cristina Kirchner le atribuye a las causas quedará sin un exhaustivo análisis judicial, de varias instancias de revisión, respecto de las cuales nada podrán hacer las autoridades políticas.
Después de décadas de intromisiones a la Justicia, se cumple con la división de poderes y la garantía de legalidad y debido proceso. Las garantías existen, la acusación de persecución es una defensa de manual.