El derecho a desconfiar
La recolección de datos para una futura auditoría –encargada por el Consejo de la Magistratura de la Nación– arrojó un dato que, más que preocupación, causa alarma: casi el 50 por ciento de las investigaciones por supuestos hechos de corrupción están demoradas.
El estudio se enfoca en la actuación de los jueces de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), pero los casos bajo análisis trascienden, sin dudas, la esfera de la capital del país.
Por esa sede judicial desfila una gran cantidad de exfuncionarios nacionales, empresarios y personajes reconocidos, y el estancamiento de las causas se convierte en un elemento que conspira contra la credibilidad de la Justicia.
En nuestra provincia, los casos de corrupción denunciados corren un camino similar.
Existen gruesas críticas al fuero Anticorrupción por su inacción o falta de reflejos a la hora de avanzar en las causas que están bajo su órbita.
En el caso cordobés, se dan fuertes cuestionamientos por parte de representantes de partidos o frentes políticos de la oposición ante la falta de acción de los magistrados de ese fuero, creado durante la administración del exgobernador
José Manuel de la Sota.
En el caso de la auditoría encargada por el Consejo de la Magistratura nacional, esa demora se debe a la abulia, la impericia o al tráfico de influencias y la manipulación política, según indicaron fuentes judiciales al diario La Nación.
En la sede judicial de Comodoro Py, se abrieron más de mil expedientes por casos de corrupción.
Son casos en los que están involucrados funcionarios, exfuncionarios y empresarios que, en la mayoría de los casos, prestaron declaración indagatoria, previo a haber sido imputados. Sin embargo, el 46 por ciento de estos sumarios están pendientes de resolución.
Los casos se elevan de modo drástico, al 77 por ciento, cuando se analizan los expedientes cuyos imputados o denunciados no fueron citados a declaración indagatoria. Esto quiere decir que en esta situación se da un hecho casi vergonzante: el juez ni siquiera convocó a los involucrados. No hizo nada.
Un juez es la garantía final de libertad y de protección de los derechos de un ciudadano. Y si ese juez es moroso para resolver este tipo de causas, a ese ciudadano de a pie le asiste el derecho a desconfiar.
Este tipo de informes golpean con razón el prestigio del Poder Judicial. Hoy la independencia de los magistrados está bajo la lupa de la sociedad, pero los sospechados parecen ni siquiera tomar nota de una situación que atenta contra la independencia de los poderes del Estado.